En medio de la autocomplacencia de la clase política
veracruzana por la aprobación unánime en el congreso local del nuevo
código electoral – de la que nos ocuparemos en otra ocasión-
se ha dejado de lado un tema mucho más importante: la reforma al artículo
24 constitucional. Sin rubor alguno, las autoridades católicas del
estado han estado cabildeando para lograr abrir la puerta eventualmente
al regreso de un estado confesional en México, mientras que los diputados
locales esperan la instrucción del gobernador.
Con la llegada de la derecha partidista al gobierno
federal, la vieja lucha entre conservadores y liberales cobró fuerza,
sobre todo porque congregaciones como los Legionarios de Cristo y organizaciones
fascistas como El Yunque se convirtieron en minorías influyentes al
interior del PAN y del gobierno federal. Fue así como en el Congreso
de la Unión aparecieron varias reformas impulsadas por estas facciones,
entre las que destaca la propuesta para reformar el artículo 24 constitucional.
Irónicamente la propuesta de reforma fue impulsada
por un diputado priísta de Durango, José Ricardo López Pescador -lo
que más que ocultar al verdadero beneficiario, la iglesia católica,
evidencia la profunda derechización de un partido otrora defensor del
estado laico.
La reforma objeto de éstas líneas tiene como finalidad
el reconocimiento explícito de la libertad religiosa y ha sido objeto
de fuertes críticas, incluso por dirigentes de otros cultos religiosos
que compiten en el mercado de la fe, los cuales señalan a la iglesia
católica como la más beneficiada con la eventual aprobación.
Más allá de que la reforma sea la primera parte
de un proyecto más amplio, las críticas centrales se concentran en
dos cuestiones: la primera es que la libertad de convicciones éticas
supone que las no éticas serán ilegales; pero el problema de fondo
tiene que ver con la pregunta: ¿Quién y cómo decidirá cuáles convicciones
son éticas y cuáles no? Porque precisamente una de las características
del estado confesional es su capacidad para definir cuáles son las
creencias aceptadas, cuáles son las convicciones correctas.
La reforma ha sido aprobada por El Congreso de la
Unión con el voto de las bancadas del PRI y el PAN, pero para que se
integre al texto constitucional tiene que ser aprobada por dos terceras
partes de las legislaturas de los estados de la república. Hasta el
momento las legislaturas de Baja California, Coahuila, Oaxaca, Michoacán
y Morelos la han rechazado mientras que el estado de México y Durango
la aprobaron.
Los analistas laicos coinciden en señalar que, si
bien sus alcances son limitados, no puede ser ignorado el hecho de que
la iglesia católica no se va a conformar sino que seguirá abogando
por incrementar su capacidad para impulsar el regreso de un estado confesional
pero ocultándolo con el velo de la promoción de los derechos humanos.
Su aprobación desencadenaría un efecto dominó que obligaría a reformar
otros artículos de nuestra Carta Magna, entre ellos el tercero.
La moneda está en el aire y aunque la reforma
sea rechazada por las legislaturas locales sólo se habrá ganado
una batalla pero el conflicto permanecerá, ya que la iglesia católica
seguirá soñando con el regreso de un estado confesional y no faltarán
partidos políticos y camarillas que lucren con la posibilidad para
obtener beneficios a corto plazo. Lo que está en juego no son los derechos
humanos sino los beneficios políticos y económicos que implican el
fin del estado laico. Lo que está en juego es simplemente la existencia
de la nación.
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