miércoles, 25 de noviembre de 2009

La revolución ha muerto. ¡Viva la revolución!

Con motivo del noventa y nueve aniversario del inicio de la revolución mexicana, han aparecido una buena cantidad de artículos de opinión y ensayos que, en su inmensa mayoría, coinciden en la muerte de la revolución, en la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva con la historia para trazar la ruta del presente y del futuro de México. Así, intelectuales adinerados y políticos socialdemócratas, gobernantes panistas y líderes de opinión, no ocultan una cierta satisfacción cuando tocan el tema.
Llama la atención que en la argumentación utilizada por los que pretenden enterrarla sin dejar huella se relacione su herencia directamente con la problemática actual -económica, política social y cultural. Los monopolios privados y públicos, la corrupción y el tráfico de influencias, la partidocracia ajena a las demandas de las mayorías y todos los males que se nos ocurran son el legado de la revolución por lo que resulta necesario acabar con el cultivo de su memoria.
Más allá de que la historia ha demostrado una y otra vez, en distintas partes del mundo, que no es posible para ninguna sociedad desaparecer de un plumazo su pasado y que intentarlo provoca males peores de los que se quieren evitar, el problema aquí reside en lo útil que resulta la muerte de la revolución para la derecha política y los intereses de los dueños de dinero.
Ello es así porque esta supuesta muerte de la revolución, además de mutilar o reinterpretar la historia para conveniencia de los poderosos tiene la finalidad real de difundir entre la población la idea de que hacer revoluciones no sirve para nada; de que rebelarse frente a las paupérrimas condiciones de vida de manera autónoma no cambia nada. Y es ahí en donde reside el secreto de ésta unanimidad de la opinión pública con respecto a la muerte de la revolución.
Es por eso que no se realiza un balance crítico de revolución, procurando distinguir entre lo que hay que desechar pero sobre todo de lo que hay que preservar. ¿Quién podría negar que los derechos sociales fueron y siguen siendo producto de la lucha social y una muestra positiva de la herencia revolucionaria? Claro, sólo lo hacen los que desde el poder se encargan hoy de desmantelar esos derechos: la educación, la salud y el trabajo. Son esos y sus corifeos los que quieren borrar de la memoria colectiva la gesta revolucionaria pensando que así neutralizarían el descontento social que nos rodea, para continuar viviendo a costa del trabajo ajeno. Para su desgracia la memoria colectiva no se borra con spots y ríos de tinta. Dichosos los pueblos que no han olvidado cómo rebelarse. Y México es uno de ellos. La revolución ha muerto. ¡Viva la revolución!

viernes, 6 de noviembre de 2009

La clave de la política fiscal en México: no escupir al cielo.

El mantenimiento de los privilegios fiscales para las grandes empresas que operan en nuestro país constituye un factor político a considerar en un contexto de polarización social creciente y desempleo rampante. La discusión en el Congreso con respecto al presupuesto federal ha mostrado algunas diferencias entre las elites políticas y económicas, llevando incluso a que Calderón cometa deslices poco frecuentes entre los gobernantes al acusar a las grandes empresas de no pagar sus impuestos. Sobra decir que al otro día reculó y las cosas quedaron igual.

Para nadie es un secreto que la política fiscal del gobierno mexicano está orientada a promover los regímenes especiales con el argumento de que sólo así se puede atraer la inversión y generar empleos y bienestar. Pero que dichas políticas se exhiban y discutan sin tapujos en la prensa nacional, dadas las circunstancias, no parece recomendable para los dueños del dinero y sus representantes en el seno del estado.

Habrá que recordar que uno de los factores que alentó la revolución francesa en 1789 fue la crisis económica por la que atravesaba Francia y el cinismo de los grupos dominantes, lo cual tuvo enorme repercusión entre las clases medias y bajas, quienes entre otras demandas exigían el cobro de impuestos a la nobleza, que gozaba de una exención del pago de impuestos, a diferencia de la mayoría de los franceses.

El que en nuestro país exista un impuesto sobre la renta para profesionistas y trabajadores cercano a un 30% de sus ingresos mientras que las grandes corporaciones paguen sólo el 1.5% nos demuestra que no hemos avanzado mucho en política fiscal desde el siglo XVIII. Seguimos viviendo en un sistema económico que se sostiene gracias a la sistemática intervención del estado para favorecer a los dueños del dinero.

Me parece que esta exposición de los privilegios fiscales que disfrutan unos cuantos abona en el proceso de politización del malestar social que vivimos. Lo hace porque nos muestra la verdadera naturaleza del estado contemporáneo, su visión y su misión, que no es otra que el mantenimiento de las mejores condiciones para la acumulación de riqueza en pocas manos. En este contexto, que un secretario de estado declare que existe riesgo de un estallido social parece un chiste de mal gusto o más bien una estrategia para fomentar el miedo y seguir como si nada. Pero de reformar la política fiscal y establecer un equilibrio duradero en las finanzas públicas nada. Sería como escupir al cielo, diría cualquier político experimentado.