Causas y posibles consecuencias de la ley antiinmigrante en Arizona

La recientemente aprobada ley antiinmigrante en el estado de Arizona no deja lugar a dudas que las consecuencias de la crisis económica mundial y su impacto en los Estados Unidos es real, a pesar de que Wall Street y sus socios griten a los cuatro vientos que la economía se está recuperando. En efecto, la recuperación es real pero sólo para el pequeño grupo de privilegiados que controlan los grandes bancos y las grandes corporaciones; para la mayoría de los estadounidenses las cosas van de mal en peor, por lo que millonarios están diseñando mecanismos que redireccionen la frustración colectiva hacia actores sociales vulnerables, evitando que se les presione para reducir sus ganancias o peor aún, se les encarcele por el uso privado de recursos públicos.

Son precisamente estos privilegiados que sostienen su recuperación gracias a la progresiva pauperización de la población estadounidense y hoy están utilizando los recursos del rescate, facilitados por Obama, para combatir en el congreso las leyes dirigidas a regular mejor sus actividades comerciales. Pero además hace falta el chivo expiatorio que distraiga la atención del pueblo estadounidense y mundial para seguir cometiendo los gigantescos fraudes con los cuales se enriquecen. Y este no puede ser otro que el inmigrante ilegal, particularmente de origen mexicano o centroamericano.

Al igual que el neofascismo en Europa, los ultra conservadores yanquis están impulsando leyes que compensen al ciudadano medio -por la pérdida de su poder adquisitivo, de sus casas y de sus trabajos- exacerbando los sentimientos racistas y discriminatorios, alimentando la idea de su superioridad. Este mecanismo no es nuevo. Se ha utilizado desde hace mucho por las clases dominantes para tapar sus barbaridades; lo hicieron los reyes católicos en España en el siglo XVI, cuando expulsaron a los judíos para ocultar sus problemas financieros; lo hizo Calles en Sonora y Sinaloa en contra de los inmigrantes chinos y japoneses, a principios del siglo XX, para apoderarse de sus negocios y recapitalizar a los dueños de la tierra.

Así las cosas, la ley antiinmigrante sólo es una muestra más de la debacle de la economía estadounidense pero también del poder de los dueños del dinero y de la confusión entre la ciudadanía. Sin embargo, tal vez esta ofensiva en contra de los trabajadores inmigrantes los obligue a organizarse mejor y ampliar su base política, convirtiéndose así en un actor social y político –ya es económico sin duda- consciente de su lugar, de sus objetivos y de la defensa del trabajo. Esta posible consecuencia sería fundamental para contrarrestar el poder del capital y fortalecer a los trabajadores, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Las precandidaturas únicas en Veracruz: impunidad y cinismo.

Las recientes precampañas en el estado de Veracruz confirman el desprecio que su clase política tiene de la democracia, las leyes electorales y sobre todo de la ciudadanía. No conformes con que la deuda pública haya crecido de más de dos mil millones de pesos en 2004 a más de 11 mil millones para el fin del gobierno de Fidel Herrera, nuestros representantes siguen demostrando que la impunidad es su divisa y el cinismo su vocación.

Los espectaculares y demás propaganda política, pagada por el erario público, demostró claramente que las precampañas fueron un fraude, pues no existió en ninguno de los partidos la intención de ofrecer una espacio para la contienda interna, en la cual varios miembros destacados de los institutos políticos pudieran apelar a su militancia para que fuera ésta, la que seleccionara a sus futuros candidatos. Prevaleció la voluntad del ejecutivo estatal y las oligarquías regionales, las cuales no quisieron correr riesgos exponiendo a sus favoritos a una precampaña que pudiera desgastarlos antes de tiempo.

Si bien la idea de evitar que miembros de un mismo partido se sacaron los trapitos al sol parecería ser la razón de las precandidaturas únicas no se puede dejar de pensar que la otra intención, tan importante o más que la primera, fue la de concentrar los recursos de las precampañas en el precandidato único, adelantándose a los tiempos electorales y empezar desde las precampañas.

Seguramente el militante que diseñó la táctica fraudulenta para los partidos debe sentirse muy orgulloso de burlar la ley, sin tener que asumir las consecuencias. Lo interesante es que toda la partidocracia coincidió en pervertir a las precampañas: azules, amarillos y rojos siguieron el mismo camino para maximizar los rendimientos del gasto publicitario concentrándolo en la promoción de una sólo persona.

No sorprende en absoluto el proceder de la clase política y el gobierno de Veracruz. Tampoco me sorprenderá que una vez concluido el proceso electoral, alguno de los candidatos electos beneficiados con la artimaña salga con la brillante idea de reformar la ley electoral para anular la posibilidad de que los partidos políticos que sólo presenten un precandidato a las precampañas gocen del financiamiento público, como ya sucede en otras entidades del país.

Como se ve, la impunidad queda en evidencia pues ningún partido político impugnará el uso fraudulento de los recursos públicos para las precampañas; todos le entraron con ganas. Quedará por definir quién será el cínico o cínica – no quiero discriminar a nadie- que encabezará el proceso de reforma para acabar con las ‘lagunas’ de la ley que hicieron posible el fraude de las precampañas de 2010 en Veracruz. No faltará quién se lo agradezca y lo considere un político con futuro. Mientras tanto la ciudadanía confirmará, una vez más, que los partidos políticos y sus gobernantes traen su propia agenda y que no precisamente coincide con la suya.

Periodismo y narcotráfico.

La reciente publicación de una fotografía en la portada del último número del semanario Proceso, en la cual aparece Julio Scherer al lado del Mayo Zambada ha desatado una polémica en la opinión pública que se mueve entre la ética profesional del destacado periodista y del balance de la guerra contra el narco. Se ha dicho, entre otras cosas, que el fundador de Proceso fue utilizado para enviar un mensaje para amenazar a la sociedad mexicana. Otros destacan que la relevancia del mensaje es lo importante, pues pone en evidencia la impunidad de la que goza el narcotráfico en México y de la ineficacia de la política de seguridad del gobierno federal y el ejército para combatirlo.

Sin duda que es un tema espinoso por donde se le vea. Sin embargo habría que reconocer, en primer lugar, que el narcotráfico quiere comunicarse con la sociedad mexicana para mejorar su imagen, si esto es posible. En otras palabras, la narco empresa reconoce la necesidad de contar con una estrategia de comunicación que lo destaque como actor político, con el objetivo de debilitar la legitimidad de la guerra en su contra. Por si fuera poco, entre líneas el mensaje subraya que la sociedad mexicana ha integrado el narcotráfico, su cultura y sus consecuencias sociales, a su vida cotidiana con todo y el terror resultante de semejante hecho.

Lo anterior parece confirmar lo que se ha dicho en otros ámbitos: que el desprestigio del estado frente a la sociedad, producto de la corrupción, la pobreza y el desempleo rampantes, ha puesto en duda la legitimidad del estado. Y peor aún, que frente a semejante realidad, parte de la población ve como única salida emplearse con el narco y vivir bajo su control para sobrevivir. De que otra manera comprender la fascinación de muchos coterráneos por los narco corridos, por el estilo de vida de los narcos -reproducido en novelas, reportajes, películas, hábitos de consumo, formas de vestir.

En mi opinión, la discusión con respecto a la ética profesional del periodista en cuestión tiene como misión ocultar precisamente el enorme poder y capacidad del narcotráfico para generar una imagen frente a la sociedad mexicana y mundial. Dicha discusión no se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí ni mucho menos pone en cuestión el enorme fracaso de la política guerrerista de Calderón y sus generales. Es eso lo que se trata de ocultar, centrando el debate en lo secundario que, dicho sea de paso, es la regla básica en el mundo periodístico: el pragmatismo de un periodista para sacar la exclusiva. Lo que queda claro aquí es que a más de tres años de la llegada de Calderón, el poder del narcotráfico ha aumentado geométricamente, al grado de que se erigen en actores políticos con toda la intención de construir una imagen pública. Y eso no es precisamente responsabilidad de los periodistas.