¡Gracias señor cavernal!

La polémica que se ha desatado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de los derechos de los homosexuales y lesbianas, en particular de la posibilidad de adoptar, demuestra claramente que es necesario seguir defendiendo al estado laico en contra de una corporación que ha pesar del enorme desprestigio que ha cosechado en los últimos años, sigue pensando como si estuviéramos en el siglo XIX.

Habrá que agradecer la incontinencia verbal de las figuras más visibles de los católicos mexicanos por reactivar una discusión que palidecía frente a temas de mayor presencia en la opinión pública, como el inicio de la carrera por la presidencia en 2012 o el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno federal. Las intenciones de la derecha política y el alto clero para regresarnos a los tiempos de la inquisición -materializadas en el surgimiento de leyes estatales para criminalizar el aborto en varios estados de la república, entre ellos el de Veracruz- no parecían escandalizar a nadie ni alentar la defensa del estado laico.

Tal vez por ello, el cavernal que gobierna Jalisco, Juan Sandoval Íniguez, pensó que podría decir lo que fuera sin que pasara nada. Sin embargo, sus acusaciones en contra del jefe de gobierno de la ciudad de México y de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que votaron a favor de la adopción de los matrimonios gay, le rebotó con fuerza inesperada, mostrándolo frente a la sociedad mexicana como símbolo de un poder caduco y que tradicionalmente a gozado de amplios márgenes de impunidad.

Síntoma de desesperación e impotencia, las acusaciones demuestran que la iglesia católica se niega a reconocer que, a pesar de contar con el apoyo de Calderón y de varios gobernadores del país, su imagen frente a la sociedad va en declive como consecuencia de los escándalos en que se ha visto envuelta por la continua violación de los derechos humanos de miembros y seguidores, menores y mayores de edad.

No es casual que el cavernal en cuestión critique sin ambages la posición de grupos de defensores de los derechos humanos en nuestro país, a los que considera parte de una conjura internacional para acabar con los valores religiosos que usufructa. Al catalogar a los derechos humanos como una farsa, olvida que en países como Chile, la iglesia católica defendió a las víctimas de la dictadura pinochetista, amparándose precisamente en la idea de que el ser humano posee derechos que están por encima de cualquier ideología o creencia religiosa.

Nunca pensé en agradecerle a un alto miembro del clero mexicano por incentivar la discusión de un tema central de nuestra sociedad. Gracias a su soberbia estamos frente a la posibilidad de ponerlos a discusión entre toda la ciudadanía y revitalizar los valores laicos. Eso es lo que hace falta en estos días en los que con desfiles militares y paseos de osamentas de dudoso origen, se pretende ocultar que la polarización social que prevalecía en la independencia y la revolución sigue más viva que nunca. Por todo eso, no me queda más remedio que decir: ¡Gracias señor cavernal!

Consumo de drogas y responsabilidad social

La discusión en la opinión pública con respecto a la legalización del consumo de las drogas se mueve entre dos extremos: por un lado, la visión que asegura que todo el mundo se va a volver adicto; por el otro, la visión que la ve como la llave mágica para resolver el problema de seguridad pública. Las dos parten de ideas equivocadas, pues es falso pensar que los ciudadanos son menores de edad como también es falso pensar que las calles volverán a ser seguras gracias a la reducción del tráfico ilegal.

La escalada de violencia que ha vivido el país en los últimos tres años ha generado una enorme angustia social así como una reducción de la capacidad del estado para gobernar. Es en este contexto que surge la discusión sobre la legalización de las drogas, mas como una manera de enviar un mensaje a la ciudadanía para decirle que el estado está abierto a propuestas para mejorar la seguridad pública que como una verdadera solución al problema.

Los crecientes niveles de inseguridad y violencia forman parte de un problema complejo y por lo tanto debe ser atendido desde varios flancos: disminución de la pobreza y la marginalidad, caldo de cultivo perfecto para mantener una guerra civil; reestructuración de la procuración de justicia y de las fuerzas de seguridad, instituciones que hoy no parecen ser la solución al problema sino parte de él; fin del secreto bancario, que hace cómplice del narcotráfico a todo el sistema el financiero; cooperación internacional efectiva para establecer políticas coordinadas en todo el mundo.

Por su parte, la liberalización de las drogas no sólo forma parte del problema de seguridad sino también del de salud pública. El costo social derivado del consumo indiscriminado es enorme, no sólo porque mantiene a la alza un mercado ilegal sino porque acelera la descomposición del tejido social y familiar así como la salud de los individuos. Reconocer lo anterior implica asumir que el problema de las drogas no puede ser responsabilidad sólo del individuo que las consume sino de la sociedad en su conjunto.

Por todo lo anterior, en lugar de satanizarla o ponerlo como la panacea, la liberalización de las drogas debe ser discutida por la sociedad en su conjunto y no sólo por líderes de opinión o funcionarios públicos desesperados por encontrar una salida fácil y mejorar su imagen pública. No hay que olvidar que existen antecedentes de liberalización en otros países del mundo y que la tendencia dominante parece apuntar a una progresiva regulación del consumo. Después de todo es un negocio, como el alcohol o el tabaco y por lo mismo, tarde o temprano será legalizado. ¿O será que conviene dejarlo en la ilegalidad para mantener las altas ganancias que benefician tanto a sectores del estado como del mercado y una guerra para legitimar un gobierno débil y sin rumbo?

Los toros y la democracia directa

La reciente ley aprobada en el Parlamento catalán que prohíbe las corridas de toros a partir del 2012 surgió de una iniciativa popular promovida por el grupo ciudadano Prou! (Basta) y fue respaldada por más de 180 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas catalanas. Este hecho me parece una muestra contundente del poder de la democracia directa y de sus posibilidades para vigorizar a la política y a la democracia.

El proceso por medio del cual la sociedad catalana ha decidido acabar con una tradición -que para muchos define de manera inequívoca la identidad de España y su población- ha generado una interesante discusión con respecto a la pertinencia de un rasgo cultural. El diputado del Partido Popular, Rafael Luna, sostiene que detrás del resultado de la votación existe un sentimiento antiespañol y además afirma sin miramientos que los animales no “tienen derechos individuales” (sic).

Más allá de las diversas posturas que se puedan adoptar frente a esta polémica el proceso en sí revela la capacidad de una comunidad política por mirarse a sí misma, interviniendo directamente en los asuntos culturales y políticos que considera importantes. El hecho de que todo haya empezado con una iniciativa popular demuestra la importancia y las posibilidades de la democracia directa como mecanismo de participación ciudadana.

La comunidad catalana asumió la responsabilidad de enfrentar el cambio social poniendo en cuestión las tradiciones, que no necesariamente son intocables y sagradas. Este gesto nos habla de una sociedad en movimiento, dinámica y responsable. Si bien es cierto que no todos los catalanes comparten la idea de acabar con las corridas, es evidente que en cualquier parte del mundo las leyes no necesariamente gozan de unanimidad.

Así las cosas, el triunfo de la comunidad catalana es doble: por un lado inaugura en Cataluña un mecanismo de democracia directa con éxito; por el otro, demuestra que la ciudadanía puede y debe participar en la definición de su presente y su futuro, limitando el papel de las burocracias partidistas y de los gobiernos para administrar el cambio social. Ojalá que el ejemplo sirva para que los ciudadanos de otros países tomen conciencia de su capacidad para cambiar sus condiciones de vida. De otro modo seguiremos supeditados a las necesidades de unos cuantos, que enarbolando la idea del interés general seguirán imponiendo sus intereses en contra de la sociedad en su conjunto.