¿El equipo de todos?

El partido de futbol que jugó ayer la selección mexicana contra su similar de Dinamarca, en Phoenix, Arizona, no deja lugar a dudas de que el tricolor no es más que la empresa de los dueños de los equipos de futbol profesional en México, agrupados en la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Motivados por su sed de ganancias, a los empresarios de la FMF no les importó elegir la ciudad y el estado de la Unión americana que en 2010 aprobó la polémica la Ley SB1070, la cual se distingue por estar inspirada en principios racistas.

La ley en cuestión generó un amplio movimiento de protesta, no sólo entre los migrantes que viven y trabajan en Arizona, sino también entre las organizaciones defensoras de derechos humanos en ambos lados del Rio Bravo. Señalada por atentar contra la dignidad de los trabajadores migrantes, la ley se caracteriza por permitir que cualquier empleado de la policía, local o del estado, pueda detener a cualquier persona por su apariencia física -independientemente de que haya cometido un ilícito o tenga intención de hacerlo. La medida ha desatado una cacería de brujas al mejor estilo del fascismo alemán, que en su momento detenía a personas por el sólo hecho de parecer o llevar un apellido de origen judío.

Pero lo anterior no fue considerado por la FMF y menos por el entrenador de la selección, el “Chepo” de la Torre, que prefirió pasar por ignorante (“… no estoy tan empapado de todo este tipo de circunstancias que pasan con nuestros paisanos…”) a arriesgar sus enormes ganancias como director técnico. Después de todo es un simple empleado de la FMF. Y de los jugadores ni se diga; están más ocupados en cobrar sus regalías -por el alto honor de representar a sus patrones y no a los colores y símbolos que portan en la camiseta- que al público al que se deben y del que sale el dinero que se embolsan, A lo más que llegaron, como declaró Carlos Salcido, fue a reconocer que “Sabemos que la gente que está acá ha pasado por algo fuerte, algo difícil” Y manifestó lo anterior porque parte de su familia emigró los Estados Unidos. Cuando menos no se hizo el tonto como el Chepo.

Sin embargo, grupos de activistas mexicanos residentes en Arizona han iniciado una campaña para boicotear el espectáculo. Entre sus argumentos destaca la posibilidad de que a la salida del estadio, las autoridades locales se dediquen a detener a toda persona que parezca sospechosa. Los activistas insisten en que el boleto que compre un migrante para asistir al partido podría ser un boleto para su deportación. Consideran una aberración que, además de una posible cacería de mexicanos al término del encuentro, el 10% de las ganancias por concepto de entradas  vayan a parar a las arcas del estado de Arizona. 

Las televisoras mexicanas -parte fundamental de la FMF, ya que poseen varios equipos de la primera división- han sido muy cuidadosas para evitar cualquier comentario al respecto. Más bien han estado alentando a las personas, con toda suerte de argumentos nacionalistas, para que asistan al estadio sin considerar las consecuencias que esto pueda acarrearles a sus compatriotas. Por ello no queda más que reconocer que la selección nacional, al igual que otras empresas ‘nacionales’, no es más que - a contrapelo de lo que dicen los merolicos de las televisoras- el equipo de todos… los socios de la FMF y no representan precisamente de los habitantes del país.

La universidad de las tres mentiras

La reforma constitucional a la educación impulsada desde Los Pinos y que ha sido votada por buena parte de los congresos estatales parece confirmar la tendencia a sincronizar el sistema educativo nacional con los designios de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). En su afán por mantener el reconocimiento de las grandes corporaciones y bancos internacionales los políticos mexicanos se han empecinado en acabar con lo poco que queda de un sistema de educación, que en sus orígenes se significó por ampliar la cobertura a las mayorías con programas de estudios preocupados por fortalecer la identidad nacional heredada de la revolución mexicana.

Parta algunos al reforma constitucional es más una reforma laboral y administrativa que  propiamente educativa; sus objetivos manifiestos parecen apuntar a mejorar la calidad de la educación pero en el fondo se trata de ajustarse a una nueva correlación de fuerzas entre el ejecutivo federal y el SNTE regenteado Elba Ester Gordillo. Los priístas no olvidan el apoyo de la maestra a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que para algunos fue determinante en los procesos electorales de 2000 y 20006; pero tampoco olvidan que los sindicatos charros son muy útiles para gobernar. No se trata entonces de acabar con el cacicazgo sindical sino, como decía antes, reformular el pacto corporativo de acuerdo a las nuevas circunstancias.

Pero más allá de lo que pueda pasar en la relación entre Peña y Gordillo, los proyectos educativos impulsados desde el poder están más preocupados por el fortalecimiento de la imagen del mandón en turno que de actualizar los sistemas educativos para beneficio de las mayorías. El caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) no es más que una raya mas para el tigre de la simulación con fines propagandísticos. Fundada por decreto en la inauguración del sexenio, la UPAV tiene los años contados, (cuatro para ser más exactos). Correrá la misma suerte de otros proyectos sexenales como el Colegio de Veracruz, que hoy no es más que una dependencia de la Secretaría de Educación de Veracruz, o la Universidad Multicultural que empieza a desaparecer paulatinamente. Al igual que las últimas dos, la UPAV tal vez no desaparezca en términos formales sino pase a ser una institución en coma profundo, una anécdota más en la historia del poder político en Veracruz.

Cuesta trabajo creer que una institución con dos años de vida ofrezca decenas y decenas licenciaturas, más de una docena  de maestrías y hasta un doctorado; vamos la UPAV tiene más oferta educativa y más sedes que la Universidad Veracruzana. Impartiendo clases en telesecundarias, oficinas gubernamentales y donde se pueda –dentro y fuera del estado, como en Oaxaca o Puebla- la UPAV simplemente atenta contra cualquier lógica de mejoramiento de la calidad educativa (signifique esto último lo que usted quiera).

Nadie puede objetar la necesidad de abrir nuevas universidades, a menos que esto signifique recortarle presupuesto a instituciones de educación superior con madurez probada, como la propia UV. Pero una universidad que ni es popular, pues la mayoría de la población no pasa de la primaria; ni autónoma, pues forma parte de la SEV; ni exclusiva de Veracruz, con planteles en otros estados confirma que el estado no tiene una estrategia definida para el campo educativo ni aspira a tenerla.

Las policías comunitarias en Guerrero

El declive del estado liberal en México ha llenado de claroscuros la realidad nacional. Por un lado el fortalecimiento del narcotráfico, la pérdida de la soberanía alimentaria, financiera y comercial así como el sometimiento de la estrategia militar a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos ilustran de manera fehaciente que el estado mexicano ha cedido poco a poco espacios que en otros tiempos eran considerados intocable por parte de la clase dominante mexicana. 

La otra cara de la moneda tiene que ver con que, al perder la capacidad de controlar el territorio nacional y a la población que lo habita, se han abierto espacios en estados como Chiapas  o en Guerrero que apuntan a señalar que el debilitamiento del estado mexicano no es un hipótesis por comprobar sino una realidad evidente.

El caso de las policías comunitarias en la costa chica de Guerrero ha cobrado una dimensión que hace sólo algunos años nadie hubiera concebido. Ante la ausencia o contubernio de las fuerzas de seguridad para contener el aumento exponencial del crimen organizado, los pueblos y comunidades de la tierra de Lucio Cabañas y el Ejército de los Pobres ha echado mano de su historia y sus tradiciones para tomar el problema en sus manos –emulando el grito zapatista del Ya Basta.

Organizados a partir de su pertenencia a una comunidad o municipio, los campesinos han utilizado sus propias armas y formas de organización para conformar milicias  para responder a los secuestros, robos, violaciones y destrucción del medio ambiente perpetrados por bandas de narcotraficantes que actúan como señores feudales en tierras ajenas. Seguramente nunca esperaron que los campesinos respondieran como lo han estado haciendo.

Su éxito ha sido importante, por decir lo menos, al grado de que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero empieza a delinear una táctica de contención más sutil: en un principio procuró ignorar el tema pero ante el aumento del número de comunidades que se han organizado para enfrentar a los narcotraficantes y sus aliados, los caciques y terratenientes de la región, se apresta ahora a dividirlos –favoreciendo y aliándose con algunas y no con todas las milicias- para evitar perder el control de la zona y sobre todo, de las ganancias que reportan la tala clandestina y el trasiego de drogas y armas que en esa zona marginada pero con una larga tradición de resistencia y lucha contra la explotación y la discriminación.

Lo interesante aquí es que con pocos recursos –escopetas, pistolas y rifles- pero con una enorme densidad moral, los campesinos de la costa chica están logrando lo que el ejército, las policías locales, estatal y federal así como los tres niveles de gobierno, con todo su poder económico no han podido o no han querido hacer: contener la violencia desatada por el crimen organizado y el saqueo de los recursos naturales. Y eso en mi opinión es un ejemplo claro como las comunidades y pueblos, al anular de la esperanza de que las autoridades hagan su trabajo han comenzado a trazar una nueva ruta, una contrapolítica que se sustenta en la confianza de que con la participación organizada desde abajo se puede concebir un mundo mejor.

La entrañable presencia del EZLN

La marcha del silencio de los zapatistas en Chiapas demuestra la existencia de un movimiento antisistémico vigente, con la fuerza suficiente para remover las pantanosas aguas de la política institucional y revitalizar la discusión con respecto a la misión del EZLN fuera de ellas. A estas alturas resulta imposible seguir pensando que su legitimidad depende exclusivamente de la posibilidad de que el movimiento genere cambios en la correlación de fuerzas políticas comúnmente agrupadas en izquierda y derecha. Su legitimidad depende más bien de su capacidad para mantener a sus bases de apoyo en la construcción de su autonomía, del fortalecimiento de su identidad colectiva y de sus formas de organización. Las recientes acciones confirman que ese proceso no se ha detenido, a pesar de lo que digan analistas, políticos y ‘simpatizantes’.

Se ha vuelto un lugar común para los críticos ‘bien intencionados’ del EZLN que si su lucha no lleva agua para el molino de otros movimientos, o remedos de tales como MORENA, simplemente no sirve para nada. En esta visión del frente popular, tan cara a la vieja guardia de la izquierda ortodoxa, los zapatistas tiene la obligación de ser la locomotora que jale los vagones-luchas populares para arribar al paraíso revolucionario. Sólo estimulando al movimiento obrero, campesino y popular puede tener el zapatismo carta de naturalización revolucionaria. De otro modo será simplemente un movimiento más, sin presencia ni legitimidad para ser considerado parte de la heroica lucha por un mundo de seres humanos libres de la explotación y la miseria.

En este sentido, se ha acusado al EZLN de mantener un inexplicable silencio frente a los horrores de la guerra civil impulsada por Felipe Calderón y el Pentágono, olvidando que en su momento salieron miles y miles a las calles de San Cristóbal de las Casas para apoyar la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia, encabezada por Javier Sicilia en mayo del 2011. Más aún: en su andar por los caminos de las lucha por la dignidad, las bases zapatistas han enfrentado agresiones sistemáticas a su vida y patrimonio –como a las que ahora estamos expuestos todos- denunciadas por sus juntas de gobierno desde su fundación en 2003, sin emitir una sola queja o reproche por la ausencia de movilizaciones de apoyo de los que ahora les echan en cara su supuesto silencio ante la sombra de muerte y desapariciones forzadas que ensombrece al país.

En el fondo está, insisto, la ilusión de una marcha general que agrupe a todos los desposeídos y críticos de la realidad que nos asfixia para tomar el poder y acabar con el régimen imperante. No se concibe así la posibilidad de cambiar las cosas día a día, en la práctica cotidiana, en el espacio inmediato, negándole al poder, centímetro a centímetro, segundo a segundo, su capacidad para imponer un estilo de vida, una historia, una cultura, una visión de mundo.

En todo caso, la contribución fundamental del zapatismo contemporáneo se manifiesta sobre todo en su esfuerzo por construir una autonomía, una potentia que se justifica por sí misma. Al procurar día a día evitar ser explotados, ninguneados, marginados y al mismo tiempo, evitar dominar a otros, dirigir a otros, las comunidades zapatistas edifican un mundo donde quepan muchos mundos. Se comprende que los que no conciben un mundo diferente les resulta imposible asimilar semejante lucha. Les parece absurda, irracional; pero para los que nadan contra la corriente, para los que consideran, como los estudiosos de la física cuántica, que los movimientos invisibles generan grandes cambios. La entrañable transparencia del zapatismo es un acicate para seguir remando.