Congresos sin mayorías y derechos humanos en Oaxaca

Cuando se apoya la idea de que en México los congresos plurales, sin mayorías aplastantes, ‘divididos’ dirían algunos, son más productivos en contraste con los controlados por un solo partido o por el ejecutivo, no sólo se alude al hecho de que los congresos están para legislar sino también para conformar un espacio de representación plural, una caja de resonancia de las voces de la diversidad política, cuando menos. Para demostrar la hipótesis habría que comparar legislaturas con mayorías o sin ellas y analizar la cantidad de decretos y leyes promulgados pero también tomar en cuenta su conformación y su relación con el ejecutivo estatal.

La relación con el ejecutivo estatal aparece como un elemento de enorme importancia pues si éste controla al congreso, automáticamente se convierte en El legislador, inhibiendo el trabajo legislativo tanto en su productividad como en el objetivo de expresar la diversidad política. La que se expresa a través de decretos y leyes es la del gobernador del estado y su partido. El sentido común nos diría que esto sucede como consecuencia de un voto ciudadano que cree que las mayorías son más eficaces para gobernar y desconfía de los gobiernos divididos, de la diversidad.

En el México del siglo XXI es cada vez más común encontrarnos con legislaturas sin mayorías absolutas que confirman la idea inicial. Es el caso de la LXI Legislatura del estado de Oaxaca que está compuesta por tres partidos que comparten el poder: el PRI con 16, el PAN con 11 y el PRD-PT-Movimiento Ciudadano con 14. El ejecutivo local llegó al poder con la alianza entre el PAN y el PRD y tal vez por ello resulta difícil pensar que tenga un control absoluto sobre fuerzas tan disímbolas. A reserva de que la LXI Legislatura de Oaxaca termine para evaluarla con mayor detenimiento, el hecho de que esté ‘dividida’ ofrece un buen ejemplo para observarla como un espacio de pluralidad.

En este sentido, el pasado 13 de enero el Congreso de Oaxaca aprobó la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que resulta ser la primera después de las reformas constitucionales en materia de DDHH recientes. De acuerdo con información periodística, “… la nueva Ley garantiza la ciudadanización de la Defensoría, toda vez que otorga facultades al Consejo Consultivo Ciudadano para ser un contrapeso real en el ejercicio de las funciones de quien encabece la institución y facultad a la misma para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones que contravengan los derechos humanos.” (http://www.noticiasnet.mx)

En fecha próxima se convocará a un proceso abierto y público para la designación del titular de la Defensoría la cual tendrá autonomía pero también contrapesos ya que no se manda sola. En estos tiempos caracterizados por la militarización sin freno de nuestras vidas y la impunidad creciente una demanda generalizada de la población es el respeto a los derechos. En la pugna por el mantenimiento de beneficios y privilegios algunos gobiernos estatales, no se diga el federal, se han dado a la tarea de legislar sin rubores para retroceder en materia de derechos humanos, por lo que resulta fundamental que la ciudadanía cuente con mecanismos e instituciones que le permitan contener las leyes reaccionarias e inconstitucionales.

Sin lanzar las campanas al vuelo con respecto al impacto de la ley de la Defensoría en la realidad es necesario apuntar que los congresos plurales parecen más abiertos a las demandas ciudadanas que los controlados por un partido. Habrá que pensar en eso cuando estemos en las urnas.

¿Para qué un año más para los gobiernos municipales en Veracruz?

La reciente reforma al párrafo primero del artículo 70 de la constitución política del estado de Veracruz, que amplía a cuatro años el periodo de funciones de los presidentes municipales a partir de 2014, es una muestra más de la decadencia y del cinismo de la clase política en el estado. En los próximos 14 años habrá elecciones en 12 con lo que crecerá el gasto de los órganos electorales -tanto del IEV como de los tribunales locales- pero además elevará el conflicto político y provocará que nuestros gobernantes y la ciudadanía estén en campaña permanente.

Por lo que toca al gasto, es imposible negar que aumentará ya que será necesario poner en operación a los órganos electorales locales y además proporcionar recursos a los partidos políticos para enfrentar los periodos de campaña. Seguramente los dueños de los medios de comunicación locales se frotan las manos al calcular los enormes recursos que llegarán a sus manos por concepto de propaganda política. Al mismo tiempo, el gasto del gobierno del estado y de los municipios sufrirán las consecuencias pues, como ya es una costumbre, ‘invertirán´’ en las campañas para fortalecer su posición política.

El conflicto político también crecerá ya que las elecciones municipales provocan enfrentamientos y rupturas entre la clase política y sus patrones, -las oligarquías locales encabezadas por empresarios y caciques- lo que aunado al clima de violencia que vivimos nos ponen frente a un escenario nada alentador. Será una oportunidad inmejorable para que el narcotráfico intervenga y se haga más fuerte apoyando a sus candidatos y además lavando dinero sin trabas.

Un elemento interesante que acarreará la reforma será que la dinámica electoral mantendrá a la población concentrada en los dimes y diretes de los aspirantes mientras que a los gobernantes les permitirá ocultar sus tropelías y corruptelas ya que los medios de comunicación le darán preferencia a las campañas. En este sentido la ciudadanía veracruzana tendrá que vivir en un clima de campaña electoral permanente lo que entorpecerá la discusión de los problemas relevantes para los municipios y sus comunidades. La política como espectáculo cobrará más fuerza, aumentando su desprestigio entre la ciudadanía.

El argumento esgrimido por los diputados que aprobaron la reforma se basan en la peregrina idea de que dándole más tiempo a las administraciones municipales redundará en mayores obras y mejores programas para los municipios pero el verdadero argumento es más simple: se trata de fortalecer al grupo en el poder en el corto plazo, garantizando la continuidad en el plano local y evitando que los procesos electorales concurrentes influyan en las elecciones para presidentes municipales. La reforma no está pensada para el largo plazo sino para el corto, que es el único plazo que les interesa a los políticos. Lo que pase fuera de su periodo no es asunto de ellos.

Y lo que pasará también es muy simple: mayor presión para el presupuesto estatal y local lo que se reflejará en el aumento de la deuda pública, de por sí ya fuera de control, por más que lo niegue el titular de Sefiplan; mayor intervención de los grupos de la delincuencia organizada en la política y aumento en los niveles de conflicto como consecuencia de las ‘guerras’ políticas que caracterizan este tipo de coyunturas. La reforma fue hecha para la clase política y la defensa de sus intereses a corto plazo, aunque nos traten de convencer con su cinismo habitual de lo contrario.

A qué viene Ratzinger a México

La próxima visita de Ratzinger a México en el mes de marzo difícilmente podrá ser sustraída del contexto electoral pero tiene además la intención de reforzar la presencia de la iglesia católica en la política nacional, difundiendo la idea de la libertad religiosa, la cual recientemente fue objeto de una reforma constitucional que provocó una polémica en al Congreso de la Unión y en la opinión pública.

El jefe del Vaticano llegará el 23 de marzo a León, Guanajuato y permanecerá en dicho estado hasta su salida con destino a la isla de Cuba. Será recibido por Felipe Calderón, quien seguramente le besará la mano para agradecerle la oportunidad de tomarse la foto y mejorar un poco su imagen pública, si es que esto es posible.

Al día siguiente, sábado 24, visitará a Calderón en la sede del gobierno del estado de Guanajuato para seguir con las genuflexiones de rigor y el domingo presidirá una misa masiva en el parque Bicentenario –a la que arribará en helicóptero para hacerlo más espectacular, literalmente caído del cielo- construido, por lo que se ve, con el objetivo de realizar actos religiosos masivos en un estado que se ha distinguido desde el siglo XIX por ser la cuna del fanatismo católico en nuestro país, aunque se enojen los poblanos.

Será imposible que los panistas no utilicen la visita para mejorar sus magras posibilidades de seguir en Los Pinos. Consciente de ello, Ratzinger no irá a estados en los que no gobierne el PAN, para evitar malos entendidos, y estará casi siempre acompañado por Calderón, por el gobernador Juan Oliva Posadas y por los más altos funcionarios católicos en México como Norberto Rivera y Juan Sandoval. La idea es que Ratzinger esté bien cobijado para evitar que le recuerden su alianza con Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, a la cual abjuró a medias cuando asumió la jefatura del Vaticano.

Pero en realidad, la visita está pensada para definir las acciones que reforzarán la alianza histórica entre el Vaticano y la derecha mexicana. Seguramente se concertarán líneas de acción para seguir influyendo en el Congreso de la Unión y diluir poco a poco la existencia del estado laico en México, enarbolando cínicamente la defensa de la libertad religiosa. Y digo cínicamente porque la libertad religiosa nunca ha sido una bandera católica sino todo lo contrario. La historia de México lo demuestra, primero con la intervención francesa, pagada en buena parte con dinero de la iglesia católica mexicana que entonces encabezaba Pelagio de Labastida y Dávalos, quien además fungió como miembro de la regencia del Segundo Imperio Mexicano, aunque luego se peleó con los franceses no por cuestiones de fe sino de dinero, faltaba más; y luego, ya en el siglo XX, cuando la curia mexicana alentó la rebelión cristera, con el beneplácito del Vaticano, para mantener sus privilegios políticos sin importarle el alto costo humano y atizando el fanatismo religioso que se define precisamente por su intolerancia a otros credos.

Por eso resulta un buen ejemplo de cinismo que en estos días Ratzinger y la derecha mexicana se envuelvan en la bandera de la libertad religiosa -que no es más que un pretexto para acabar con ella- cuando históricamente han sido sus acérrimos enemigos. Dicho lo anterior, podremos entonces comprender mejor a que viene Ratzinger a estas tierras.