¿Por qué defender la educación pública? (Última parte)

Una vez examinados algunos de los detalles del argumento inicial en la entrega anterior me gustaría abordar un segundo argumento, que está relacionado con lo que había señalado antes en términos de inversión y educación.

A diferencia de las instituciones privadas, las públicas se caracterizan por su gratuidad en términos de cuotas o colegiaturas. Este hecho -puesto en duda en los últimos años, sobre todo en las universidades mexicanas- representa otro elemento necesario para contestar a la pregunta de este ensayo. Desde la idea de la importancia de reconocer a la educación como un problema de carácter público, la gratuidad de la educación pública se basa en el principio de que no son los individuos los más beneficiados al adquirir conocimientos sino la sociedad en su conjunto. En este sentido, no es el individuo el que invierte sino la sociedad, ya que será ella la principal beneficiada al contar con ciudadanos y ciudadanas preparadas para atender los conflictos sociales y económicos de un país.

El Estado, al invertir en la educación, promueve el enriquecimiento de la Nación y su capacidad para enfrentar los cambios que impone el mundo en el que vivimos. Para ello es necesario que el estudiantado no conciba a la educación como una inversión personal sino social. De este modo, el profesionista se incorpora al mercado laboral  pensando en que cómo retribuir a la sociedad, más que en cómo recuperar lo que gastó en su educación. Esta pequeña diferencia es, en mi opinión, en la que descansa uno de los más fuertes argumentos a favor de la educación pública: en lugar de salir a trabajar buscando cómo cobrarse, el individuo se incorpora a la sociedad pensando en que cómo retribuir, para quedar a mano con la sociedad que le concedió el privilegio de una educación universitaria. Es evidente que éste profesionista no se olvida de sí mismo y de sus necesidades, pero al sentir que está en deuda, por la educación que recibió, tendrá una visión más humana y social de su vida profesional y de su relación con la sociedad en la que vive.

Independientemente de la posición que se defienda de algo estoy seguro: el papel de la educación en las sociedades humanas es fundamental. En consecuencia es necesario abrir la discusión, involucrando a todos los actores sociales, para definir los objetivos de la educación y de la Nación, desde una perspectiva común, social, incluyente. Defender la educación pública consiste precisamente en evitar la exclusión desde una perspectiva familiar o religiosa, situando el problema en el espacio público y partiendo de la idea de una educación ajena a prejuicios y falsedades disfrazadas de sentido común.

Por eso, al preguntarnos ¿Por qué defender a la educación pública? habría que poner en la balanza los beneficios de la educación desde la perspectiva de las necesidades individuales o colectivas y plantear otra pregunta: ¿A qué clase de sociedad aspiramos? Al responderla estaremos en mejor posición para comprender la magnitud del problema.

¿Por qué defender la educación pública? (Parte 2)

Hay otro argumento que está estrechamente ligado al anterior y que se utiliza mucho a la hora de elegir una institución para realizar estudios profesionales: la educación privada fomenta la competitividad. El desarrollar las habilidades necesarias para competir es uno de los valores más importantes que debería impulsar la educación. Así, el individuo que ingresa a una institución privada y paga para ser admitido, concibe a la educación como una inversión, que podrá  recuperar al terminar sus estudios e integrarse al mercado laboral, basándose en su capacidad para competir con otros. Ya que el mercado se rige por la competencia, es necesario que el individuo comprenda y desarrolle las habilidades necesarias en la escuela para, posteriormente, moverse con soltura en su vida profesional. Y esto sólo se puede lograr si, y sólo si, el individuo invierte en ello; sólo si compite con otros para obtener honores y privilegios. Si el individuo paga más, o sea, invierte más, podrá aspirar a obtener mejores ganancias en el futuro. La calidad de la educación, desde esta perspectiva, está  directamente relacionada con la posibilidad de recuperar la inversión con creces y no necesariamente con la interiorización de valores, a no ser el de la ganancia material como sinónimo de éxito.

Como se ve, los argumentos anteriores, si bien forman parte de la idea de que la educación privada es superior a la pública, no necesariamente coinciden con respecto a los valores promovidos. El valor fundamental en el seno familiar no es la competencia sino la cooperación; pero en el mercado laboral sucede exactamente lo contrario. De este modo queda expuesto que la idea de la educación, como problema específico de la vida privada, contiene contradicciones ya que para unos los central es la educación de valores mientras que para otros lo primordial es la educación para la competencia, en donde lo importante es ganar, aun a costa de los demás.

Desde la perspectiva de la preeminencia de la esfera pública, que define a la educación como un problema social, voy a describir dos argumentos que ilustran sus perspectivas.

En primera instancia, si se parte de la premisa de que el Estado tiene como objetivo fundamental la preservación y promoción de la paz social, es necesario que intervenga y regule la esfera educativa. Al uniformizar contenidos educativos, controlando y supervisando a las autoridades e instituciones educativas, el Estado no hace otra cosa que reducir la posibilidad de conflictos sociales. De otro modo, la Nación no contaría con una identidad colectiva, nacional, que le permitiera a sus miembros reconocerse como conciudadanos y por lo tanto estaría expuesta a constantes divisiones. Se podría objetar la neutralidad de la historia oficial, promovida en la educación pública, pero sería difícil no reconocer que el objetivo de dicha historia no es otra que dotar de símbolos nacionales que sirvan como asidero para no sólo ser parte formalmente de la Nación, sino para que el ciudadano se sienta parte de ella. La construcción de la Nación, o sea de esta comunidad de individuos que se siente parte de una cultura, una historia, un marco legal común, inició sólo después de la guerra de Reforma, en la que se debatió  precisamente los valores constitutivos de la nacionalidad, en particular del principal agente educador, la Iglesia o el Estado. La construcción de la nacionalidad mexicana pasó necesariamente por el control estatal de la educación. Toda la segunda mitad del siglo XIX fue el escenario en el que se cimentaron los ejes constitutivos de nuestra mexicanidad y la escuela pública fue el espacio central de dicho proceso.  (Continuará)

¿Por qué defender la educación pública? (Parte 1)

La historia México y el surgimiento del estado liberal cuenta entre sus problemas más delicados el del papel del estado en la educación. Como consecuencia del monopolio que ejerció la iglesia católica para educar a la población, a lo largo de los tres siglos de la Colonia, se consideró natural que dicha institución controlase el proceso educativo y peor aún, el clero lo sigue considerando hoy. Una de las demandas más recurrentes de las autoridades eclesiásticas y de las organizaciones afines es lo que llaman, la libertad de la educación, entendida ésta como la posibilidad de que sea incorporada la enseñanza católica en las escuelas públicas; se considera que el alumnado, predominantemente católico, ve coartadas sus libertades al impedírsele recibir dicha educación en el aula. Este argumento deja de lado el hecho de la existencia de la enseñanza privada, buena parte de la cual es controlada por grupos religiosos, y de la libertad de los padres y madres de familia para inscribir a su descendencia en cualquiera de ellas. En todo caso la discusión no es nueva, pero es evidente la importancia que se le atribuye a la educación y el sitio estratégico que tiene en el desarrollo de la sociedad. Este conflicto podría ser resumido en dos ideas dominantes en relación con la educación y la sociedad: la educación es un problema privado o un problema público.

Una de las organizaciones más activas en la defensa de la educación, como parte de la esfera privada, es la Unión Nacional de Padres de Familia,  que en su página de internet ofrece un diagnóstico revelador de las ideas principales con las cuales defienden su postura al respecto:

Sabiendo que la libertad de Educación en México es precaria y que no está  reconocida en la constitución, ni recibe apoyo alguno por parte del gobierno y que la Calidad de la Educación es pobre, este proyecto busca el que se reconozca y apoye el derecho de los padres para educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones, y que haya Libertad de Educación para todos, con un sistema educativo que promoviendo los valores universalmente aceptados, eleve la Calidad de la Educación para que, además de atender el desarrollo integral de la persona, compita favorablemente en el Concierto Mundial de Naciones. (www.unpf.org.mx)

El diagnóstico se basa en los siguientes argumentos: la precaria libertad en la educación        no está reconocida en la Carta Magna -aunque con la posibilidad hoy por hoy de que se apruebe la reforma al artículo 24- y por lo tanto no recibe apoyo oficial, por lo que es ‘pobre’ cuando las escuelas privadas reciben enormes transferencias de recursos y apoyos fiscales. Frente a tal panorama se reivindica sólo una cosa: que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y convicciones, que no son otros que los universalmente reconocidos -léase los valores católicos. Sólo así el alumnado podrá desarrollarse integralmente y ser competitivo en el mundo. En otras palabras, la educación en México es deficiente básicamente porque limita la libertad en la educación. Se podría deducir de lo anterior que la calidad de la educación está directamente relacionada con los valores promovidos, con el nivel de participación de los padres de familia y no necesariamente con la calidad y actualidad de los contenidos específicos de los programas de estudios. O sea, la escuela está para reproducir los valores familiares; lo demás es lo de menos.  (Continuará)

El síndrome de Estocolmo y el falso regreso del dinosaurio.

No hubo grandes festejos ni concentraciones multitudinarias después del 1º de julio de 2012 en México. El candidato ganador celebró en lo oscurito, a puertas cerradas, con la plana mayor del PRI y con la mediocracia cómplice, mientras que millones de personas se preguntaban cómo pudo ser que, después de doce años de vivir-dormir el sueño de la transición democrática despertaran para darse cuenta que el dinosaurio seguía allí, que nunca se había ido.

Las explicaciones de los actores políticos y sus intelectuales variaron según sus diferentes perspectivas: que el PRI ha cambiado;  que la violencia social incubó un voto conservador, temeroso del cambio: más vale malo por conocido…; que la pobreza y la marginación obligaron a muchos a vender su voto; que los grandes poderes fácticos del país y el extranjero utilizaron toda su fuerza para manipular la elección.

Pero la pregunta subsiste: ¿por qué la mayoría de los votantes, haiga sido como haiga sido, le dieron el triunfo al PRI? El síndrome de Estocolmo tomó su nombre del asalto a un banco en el país escandinavo en 1973 y en el que los asaltantes mantuvieron secuestradas a varias personas casi una semana. La negativa de uno de los rehenes a ser liberado de sus captores y, posteriormente en el juicio, a declarar contra ellos le dio la vuelta al mundo y prefiguró lo que después ha sido definido como un trastorno emocional “… que se caracteriza por la justificación moral y el sentimiento de gratitud de un sujeto hacia otro de quien forzosa o patológicamente dependen sus posibilidades reales o imaginarias de supervivencia.” Al perder el control sobre su existencia, el rehén se ve forzado a procurar equilibrar emocionalmente la situación buscando explicaciones que le den sentido a la situación en que se encuentra, lo que puede obligarlo a coincidir con los motivos de su secuestrador.

A estas alturas de la historia de México sería difícil negar que el régimen posrevolucionario secuestró a la sociedad mexicana, encerrándola en el pacto corporativo que dio origen al partido del estado, con el argumento de que sólo conculcando libertades  sería posible colocar a México entre las naciones civilizadas y por tanto, merecedora de un lugar en el mundo. Con el arribo del PAN a Los Pinos el país empeoró sensiblemente en prácticamente todo los rubros de la vida nacional: la economía empeoró y se ató aun más a la economía estadounidense; el cinismo de los políticos y sus organizaciones creció exponencialmente y los escándalos de corrupción e impunidad fueron pan de todos los días; pero sobre todo, empezaron a agudizarse los problemas entre el estado mexicano y los cárteles del narcotráfico. Fue así como afloró la añoranza del secuestrador, el mecanismo psicológico por el cual se fue materializando el regreso del dinosaurio a petición de las víctimas.

Y entonces se consumó  el regreso que en realidad no lo fue, pues en la psique de los mexicanos las huellas del abuso posrevolucionario no desaparecieron nunca, permanecieron latentes hasta que la pérdida de control de la vida cotidiana como consecuencia de la crisis financiera internacional, los treinta años de neoliberalismo devastador y el incremento de la violencia criminal lo revivió, generando el deseo de someterse al Otro-PRI, ese Otro-PRI que siempre estuvo allí, impune y entero, esperando que las circunstancias lo regresaran a Los Pinos.

Por eso no hubo celebraciones masivas y fiestas populares como las que se vieron en el 2000, cuando la gente salió a la calle para manifestar su júbilo, liberados aparentemente de sus secuestradores. El sueño democrático inaugurado en el amanecer de este siglo se ha convertido en un amargo despertar. Nunca fuimos liberados, seguimos al lado de nuestros secuestradores sin comprender bien por qué. Y eso no se puede celebrar.

La reforma al 24 constitucional revive la pugna entre el estado confesional y el estado laico.

En medio de la autocomplacencia de la clase política veracruzana por la aprobación unánime en el congreso local del nuevo código electoral – de la que nos ocuparemos en otra ocasión- se ha dejado de lado un tema mucho más importante: la reforma al artículo 24 constitucional. Sin rubor alguno, las autoridades católicas del estado han estado cabildeando para lograr abrir la puerta eventualmente al regreso de un estado confesional en México, mientras que los diputados locales esperan la instrucción del gobernador.

Con la llegada de la derecha partidista al gobierno federal, la vieja lucha entre conservadores y liberales cobró fuerza, sobre todo porque congregaciones como los Legionarios de Cristo y organizaciones fascistas como El Yunque se convirtieron en minorías influyentes al interior del PAN y del gobierno federal. Fue así como en el Congreso de la Unión aparecieron varias reformas impulsadas por estas facciones, entre las que destaca la propuesta para reformar el artículo 24 constitucional.

Irónicamente la propuesta de reforma fue impulsada por un diputado priísta de Durango, José Ricardo López Pescador -lo que más que ocultar al verdadero beneficiario, la iglesia católica, evidencia la profunda derechización de un partido otrora defensor del estado laico.

La reforma objeto de éstas líneas tiene como finalidad el reconocimiento explícito de la libertad religiosa y ha sido objeto de fuertes críticas, incluso por dirigentes de otros cultos religiosos que compiten en el mercado de la fe, los cuales señalan a la iglesia católica como la más beneficiada con la eventual aprobación.

Más allá de que la reforma sea la primera parte de un proyecto más amplio, las críticas centrales se concentran en dos cuestiones: la primera es que la libertad de convicciones éticas supone que las no éticas serán ilegales; pero el problema de fondo tiene que ver con la pregunta: ¿Quién y cómo decidirá cuáles convicciones son éticas y cuáles no? Porque precisamente una de las características del estado confesional es su capacidad para definir cuáles son las creencias aceptadas, cuáles son las convicciones correctas.

La reforma ha sido aprobada por El Congreso de la Unión con el voto de las bancadas del PRI y el PAN, pero para que se integre al texto constitucional tiene que ser aprobada por dos terceras partes de las legislaturas de los estados de la república. Hasta el momento las legislaturas de Baja California, Coahuila, Oaxaca, Michoacán y Morelos la han rechazado mientras que el estado de México y Durango la aprobaron.

Los analistas laicos coinciden en señalar que, si bien sus alcances son limitados, no puede ser ignorado el hecho de que la iglesia católica no se va a conformar sino que seguirá abogando por incrementar su capacidad para impulsar el regreso de un estado confesional pero ocultándolo con el velo de la promoción de los derechos humanos.  Su aprobación desencadenaría un efecto dominó que obligaría a reformar otros artículos de nuestra Carta Magna, entre ellos el tercero.

La moneda está en el aire y aunque la reforma sea rechazada por las legislaturas locales sólo se habrá ganado una batalla pero el conflicto permanecerá, ya que la iglesia católica seguirá soñando con el regreso de un estado confesional y no faltarán partidos políticos y camarillas que lucren con la posibilidad para obtener beneficios a corto plazo. Lo que está en juego no son los derechos humanos sino los beneficios políticos y económicos que implican el fin del estado laico. Lo que está en juego es simplemente la existencia de la nación.