La matanza de Acteal sigue esperando justicia.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia que dio paso a la liberación de algunos de los indígenas chiapanecos encarcelados por su participación en la matanza de Acteal nos demuestra, una vez más, que sus integrantes están para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado mexicano y no para proteger a la ciudadanía de los abusos de poder. Con el argumento de que los procesos judiciales contenían serias irregularidades los magistrados cerraron la última puerta para posibilitar el esclarecimiento de la matanza.

Concediendo que los procesos judiciales en cuestión hayan estado mal integrados –probablemente con la intención de ocultar la verdad- la resolución de la Corte ignoró el problema de fondo, que fue el involucramiento del ejército federal, de la policía estatal y de todo el aparato de los gobiernos federales y estatales en la matanza. Si se hubiera tomado en cuenta lo anterior, los magistrados debieron haber sugerido la reposición de los procesos pero la idea era precisamente cortar de tajo la posibilidad de que la verdad saliera a la luz.

La importancia del caso obligó al Estado mexicano a utilizar todos los recursos a su alcance: la ofensiva mediática que iniciaron el año pasado los intelectuales afines al poder, encabezados por Héctor Aguilar Camín y su grupo; la defensa de los presuntos responsables de la matanza por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); al propio poder judicial para acabar de una buena vez con el problema; y la manipulación de la opinión pública por medio de reportajes en radio y televisión mostrando a los victimarios como víctimas.

El crimen de Estado tiene la misión de enviar un mensaje contundente a la ciudadanía, subrayando los límites de la participación política -en particular de los movimientos sociales- que desafíe a las políticas públicas y los proyectos de desarrollo oficiales. Pero además posee la virtud de demostrar la magnitud del castigo y la nula posibilidad de utilizar las instituciones de la república para lograr el esclarecimiento de los hechos. Por lo que toca a la matanza de Acteal, el Estado simplemente quiso imponer la versión más cómoda: la violencia fue producto de un pleito de indios. Con ello confirmó la estrategia de una guerra de baja intensidad en Chiapas, con el objetivo dividir y enfrentar a los integrantes o simpatizantes del movimiento neozapatista, y por el otro lado, de cara al resto del país, de la barbarie que impera entre los indios del sureste mexicano y la necesidad de domesticarlos, por la buenas o por las malas.

Así las cosas queda claro que el poder judicial no está para hacer justicia; está para apoyar al poder en lo que sea necesario, incluso garantizándole impunidad. Así que nadie se sorprenda del fallo. La sorpresa hubiera que hubieran hecho lo contrario. Mientras tanto, en Acteal siguen esperando justicia.