El caldo y las albóndigas

El proceso de militarización que las autoridades federales han venido impulsando desde el inicio del sexenio empieza a ganar adeptos en los estados, en particular bajo la premisa de que una policía unificada responderá mejor a las demandas de seguridad que la ciudadanía ha venido enarbolando desde hace varios años. Sin embargo, la participación activa de los militares ha provocado un incremento en la violencia, lo que ha disparado el número de muertes, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden de cateo y en general en el debilitamiento de las libertades y los derechos civiles.

En este sentido, la desaparición de la policía intermunicipal en la capital de estado de Veracruz parece encaminada a centralizar los mandos policiacos, sometiéndolos a la lógica militar, con el argumento de que son las policías municipales parte del problema de seguridad y no su solución. Nadie ignora que las policías locales son el eslabón más fácilmente controlable por parte del crimen organizado, que las somete y pone a su servicio, convirtiéndolas en un problema más a considerar en las políticas de seguridad.

Sin embargo, desaparecerlas paulatinamente en los municipios del estado, como parece ser la estrategia del gobierno veracruzano, debe ser vista con reserva puesto que lo más probable es que sean sustituidos por militares, que se pondrán el uniforme de policía pero sin contar con los principios de una corporación civil. Su formación militar puede ser muy efectiva para aumentar la capacidad de respuesta al narcotráfico pero al mismo tiempo la ciudadanía tendrá que enfrentar atropellos sistemáticos a sus derechos como consecuencia de que la lógica militar ve a los demás como enemigos y no como conciudadanos.

El caso de Jorge Otilio Cantú Cantú, quien fue asesinado por policías militares en la ciudad de Monterrey es una muestra clara de los problemas que enfrenta una sociedad sin policía civil. El joven Cantú circulaba por una de las principales avenidas de la capital neolonesa cuando fue el blanco de más de cuarenta balazos disparados por ‘policías’ quienes consideraron sospechoso el vehículo en el que transitaba por el simple hecho de ser una camioneta Dodge Ram. Por si fuera poco, los ‘policías’ lo remataron con cuatro tiros en la cara, alteraron la escena del crimen, lo acusaron de ser narcotraficante y le robaron su celular y su cartera. A pesar de toda la evidencia en su contra, en el dictamen de la procuradoría se asentó que “El capitán Reynaldo Camacho refiere que sus tropas repelieron la agresión de un sujeto que iba en una camioneta Ram roja y lo ejecutaron”. (www.jornada.unam.mx/2011/05/29/politica/008n1po) Gracias a los esfuerzos del padre de la víctima se logró que una juez dictara auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y delitos contra la administración de la justicia pero el propio gobierno del estado de Nuevo León declaró que serían juzgados por la justicia militar.

Este es un caso típico de un asesinato calificado como ‘error de procedimiento’. Es una clara muestra de la forma de pensar de un militar disfrazado de policía, que gozando de impunidad se convierte en ministerio público y juez al mismo tiempo, decidiendo la vida y la muerte de un civil. Pero además en este caso es evidente el sometimiento del poder civil al militar pues no sólo el ministerio público se prestó al juego de manipular el expediente a favor de los asesinos sino que el propio gobierno del estado renunció a juzgarlos de acuerdo a las leyes civiles, cediéndole el privilegio al mando militar.

La renuncia de los poderes civiles a someter al imperio de la ley a los militares en aras de una emergencia nacional me recuerda el dicho popular que dice: salió más caro el caldo que las albóndigas. Militarizar a las policías municipales puede parecer una buena solución a corto plazo –sobre todo para lograr alianzas con el gobierno federal- pero en el mediano y largo plazo se compromete la esencia del estado de derecho: la capacidad del ciudadano para defenderse del poder.