Cuando se comparan los ejércitos de Latinoamérica y sus características principales salta a la vista una que ha sido la diferencia fundamental entre el ejército mexicano y, por ejemplo, el chileno. Las fuerzas armadas chilenas están claramente dirigidas por oficiales surgidos de los grupos sociales más poderosos del país mientras que el mexicano es heredero directo de la revolución mexicana y por ende un ejército formado de arriba abajo por sectores populares. Se puede afirmar entonces que los chilenos tienen un ejército de clase y los mexicanos un ejército de extracción popular.
Tal vez por ello, el golpe de estado en Chile en 1973 contó con la participación entusiasta de los militares para defender los intereses de la iglesia y las oligarquías sometidas a los Estados Unidos. Dada su composición, los militares chilenos no dudaron ni un solo momento para dar el golpe pues su razón de ser radica en la defensa de los poderosos. Y tal vez por ello, el ejército mexicano no tuvo la tentación de dar un golpe en México en los años de la guerra sucia o cuando estalló la crisis económica en los años ochenta.
Sin embargo las cosas parecen estar cambiando en el carácter popular de las fuerzas armadas en México pues el enorme aumento a su presupuesto puede empezar a generar a su interior una serie de intereses que eventualmente lo convierta en una institución más preocupada por mantener sus privilegios y poder político que en someterse al liderazgo civil y mantenerse alejado de la política. El reciente aumento de casi 150% al sueldo de los soldados rasos, que será ahora $10,800 pesos -más del doble de lo que ganaban, o sea $4,300- me parece una señal preocupante en este sentido.
El problema no es el que la tropa gane bien y que además goce de excelentes prestaciones como salud, educación para sus hijos, pensiones y demás sino que la inmensa mayoría de los que tienen a suerte de tener un trabajo formal, ni han tenido aumentos significativos ni mucho menos pueden acceder a buenas prestaciones desde hace décadas. De hecho la tendencia de la mayoría de los empleos en México es a la precarización, bajando su poder de compra y viendo cada vez más lejana la posibilidad de contar con las ventajas de las prestaciones sociales. Según datos del INEGI, de los 2.5 millones de nuevos empleos sólo el 16.1% tiene acceso a la seguridad social. Si a esto agregamos que casi el 30% de la población empleada trabaja en la informalidad se puede tener una idea más clara del problema.
El aumento fue, como dije arriba, a los soldados de bajo rango, lo que nos da una idea de lo que ganan los oficiales, no se diga lo generales. En este sentido, lo que se está propiciando es el ensanchamiento de las diferencias entre los trabajadores civiles y los que laboran en las fuerzas armadas. Este hecho puede conducir a una situación en la que los intereses de éstas estén más orientados a sus propias condiciones económicas y políticas que a las necesidades de la Nación en su conjunto. Las condiciones de excepción que gozan los integrantes del ejército y la marina –no sólo las económicas sino las políticas, como el fuero- pueden generar un espíritu de cuerpo ajeno a sus responsabilidades constitucionales por lo que me parece muy peligroso que, en aras de mantener una alianza política entre el presidente y el ejército, se cree una situación que lo aleje de las causas populares y los intereses de la mayoría.
Al argumento utilizado por Calderón de que las actividades de los militares son vitales para la república, por lo que hay que pagarles bien, habrá que responderle sin titubeos que lo mismo puede decirse de un albañil, un médico, un maestro, etcétera. Pero lo que no se puede ignorar son las consecuencias de mantener en estado de excepción a los militares y además restregarles en la cara a los millones de asalariados que ganan menos de cinco salarios mínimos, que sólo los militares merecen ingresos justos y seguridad social. Eso no es más que otra cara de la discriminación alimentada desde el poder político.
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