Una vez más el estudiantado en Chile vuelve a poner en jaque al gobierno. Ya la ex presidenta Michelle Bachelet había tenido que enfrentar las acciones de las y los estudiantes chilenos en 2006, mostrando una cara poco flexible para atender las demandas que giraban, igual que ahora, alrededor de la relación entre el estado y la educación. Con Sebastián Piñeira instalado en la Moneda, la insistencia por parte de las oligarquías chilenas en mantener y profundizar el modelo educativo privatizador ha encontrado oídos atentos y serviles, provocando la digna respuesta de la juventud.
La privatización de la educación en Chile -iniciada por Pinochet gracias al golpe militar en 1973- se rige por la constitución de 1980 que fue aprobada por plebiscito en plena dictadura militar, siendo tan eficaz en la subordinación de la escuela pública a las recetas de los Chicago boys que hoy siete de cada diez estudiantes pertenecen a instituciones privadas de educación superior. El modelo educativo chileno descansa en las manos de los intereses privados con la total anuencia del estado. Las consecuencias son evidentes: mayor desigualdad social y marginación educativa.
Y es precisamente la protesta estudiantil la que pone en tela de juicio dicha política neoliberal, provocando un amplio apoyo y simpatía por parte de la sociedad chilena que al igual que el estudiantado ha visto reducida su calidad de vida y aumentada su dependencia del crédito bancario. Para poder estudiar en un nivel medio superior, la mayoría de los aspirantes en Chile deberán conseguir un financiamiento ya que las posibilidades de ingresar a las instituciones públicas son casi nulas. El resultado es que debido a este mecanismo ganan pocos -bancos y escuelas privadas- y pierden muchos -las los jóvenes que tiene el derecho a aspirar a una vida digna en un mundo cada vez mas despiadadamente competitivo.
Las protestas estudiantiles también tienen un trasfondo más amplio que la decadencia del modelo educativo chileno; me refiero a la propia administración de Piñeira y su estilo gerencial autoritario pero también y sobre todo a la incapacidad de la clase política chilena que no ha podido enterrar políticamente la herencia de Pinochet. El orden legal sigue siendo el de la constitución de 1980, que surgió para organizar los objetivos de una sociedad militarizada y con sus derechos suspendidos. Treinta años después y luego de varios gobiernos elegidos por elecciones –socialistas o demócratas cristianos- las cosas siguen prácticamente igual, acentuándose la desigualdad y la violencia social que genera. Con la llegada de un gobierno de derecha a secas las cosas no podían mejorar y para el movimiento estudiantil fue la oportunidad de articular nuevamente un movimiento social que promueva entre la sociedad civil la necesidad de pensar en su presente y en su futuro, en lo que quiere conservar y lo que habría que descartar.
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