La soberanía alimentaria

La práctica de despojar, negarles la posesión a otros, para el enriquecimiento de unos cuantos es una práctica muy antigua. En tiempos de crisis económica la lucha por las ganancias se exacerba, aumentando la tendencia a la desposesión de amplias capas de la población, no sólo de sus casas o tierras, sino de su cultura más profunda: la relación con la tierra y el perfeccionamiento milenario de semillas que representan lo más íntimo de la vida humana.

Además de haber sufrido las consecuencias directas del terremoto, Haití fue invadido por varios ejércitos y obligada a recibir donaciones de conocidas multinacionales productoras de semillas transgénicas, listas para invadir y extinguir las variedades locales, más adaptadas al suelo pero, sobre todo, propiedad de los campesinos.

La quema simbólica de una parte de la semilla donada por Monsanto a los campesinos haitianos como ‘ayuda para la reconstrucción’ representa una toma de posición muy clara frente al problema. El líder campesino Chavannes Jean-Baptiste manifestó que "Las semillas representan una suerte de derecho a la vida,… es por eso que hoy tenemos un problema con Monsanto y con todas las multinacionales que venden semillas. El agua y las semillas son patrimonio común de la humanidad… Defendemos las semillas nativas y los derechos de los campesinos a su tierra “¹

La siembra de transgénicos profundiza la dependencia al desposeer a cientos de miles de pequeños agricultores o condenándolos a sembrar semillas que están patentadas por las compañías. En México el problema crece día con día y las perspectivas no son nada alentadoras. Poner en manos de las transnacionales la alimentación de toda una nación no parece muy sensato. Parece, más bien, un gran negocio para algunos a costa de las generaciones futuras.

En este contexto, las acciones de los campesinos haitianos ponen en el centro de la discusión la posibilidad de mantener la autonomía como seres humanos, la posibilidad de vivir una vida con dignidad. Son una clara manifestación de los problemas que enfrentamos hoy por la voracidad de intereses privados. La pérdida de los bienes públicos, como la tierra, el agua y las semillas, le impedirán a cualquier sociedad ofrecer una vida digna a sus integrantes. Y eso nos incluye a usted y a mí.

[1] http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95725

La PGR interviene en el proceso electoral de Quintana Roo

Desde el quince de enero la PGR comenzó a investigar a Greg Sánchez -gracias a una denuncia anónima- y detectó diferencias significativas entre lo que declaró como ingreso y lo que retiró de sus cuentas bancarias. Por esa razón ejerció acción penal en su contra, sacándolo de la contienda electoral en Quintana Roo, con todas las consecuencias del caso pero sobre todo interviniendo de manera directa en el futuro de la representación política del estado.

Muchos se preguntan porque no le impidieron registrarse en los órganos electorales cuando lo solicitó. Se podría exigir más tacto político al jefe del procurador general, pero las circunstancias apuntan más bien al uso discrecional de información para medrar con ella, con la intención de lograr algo más que el cumplimiento estricto de la ley.

Puede que Sánchez se beneficie electoralmente -si puede salir antes del día de la elección- por un voto de castigo hacia el partido del presidente; pero puede que la detención desarticule la campaña, extinguiéndose la posibilidad, no ya de ganar sino de competir. Esas parecen ser las consecuencias más inmediatas del hecho ‘judicial’ pero sobre todo político.

Y esto porque, por una parte utiliza, el argumento de la seguridad nacional para legalizar la intervención -poderoso argumento jurídico en manos del ejecutivo. Involucra al tema del narcotráfico, magnificando el impacto mediático y desactivando a la que parecía ser, hasta la detención de su candidato, una opción política que aspiraba a liderar la futura representación política en Quintana Roo. Difícil labor del vocero de la dependencia, que niega rotundamente el cálculo político en la aplicación de la ley.

Pero también porque el ejecutivo golpea a los órganos y procesos electorales, a los mecanismos de la representación democrática, exponiéndolas frente a la ciudadanía. La acción judicial minimizó las consecuencias de su intervención en las campañas e ignoró sin miramientos los tiempos electorales. Es evidente que la PGR pudo haberle comunicado al órgano electoral sus sospechas de Sánchez. Pero no lo hizo por lo que parece decirnos: lo importante es la aplicación estricta de la ley, no los procedimientos para elegir representantes ciudadanos, los partidos políticos y los votantes.

Por lo tanto, es cierto que el crimen organizado interviene en las elecciones pero eso no quiere decir que la PGR y el presidente de la república ignoren las consecuencias políticas de sus acciones. Si no lo hicieron, entonces tienen el objetivo evidente de modificar la dinámica electoral de Quintana Roo con el pretexto de preservar la seguridad nacional. ¿Quién sigue?

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

Nunca falta alguien que, para rematar una conversación en la cual se comparan las economías de los países que integran este mundo, afirme con gran seguridad que la pobreza de las y los mexicanos está directamente relacionada con nuestro gusto por la pachanga y el relajo. Y acto seguido enumere el amor al trabajo de los alemanes o los japoneses y lo compare con las fiestas, puentes y demás muestras de nuestra aversión a trabajar.

Lo más interesante es que esa actitud demuestra nuestro proverbial masoquismo pero también la abismal ignorancia de los hechos económicos que caracterizan al sistema capitalista por parte del ciudadano común. Dicha actitud es además muy útil para justificar reformas económicas que atentan contra la dignidad de las mayorías. Sin embargo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los mexicanos, y en general los países pobres, son los que más horas trabajan al año, en comparación con los países ricos que tienen mejores ingresos a pesar de trabajar menos horas.

Por ejemplo, en el año 2008 los alemanes, símbolo del amor al trabajo y la disciplina, trabajaron en promedio 1430 horas mientras que los chilenos sudaron por 2095 horas; por su parte, los japonenses trabajaron 1772 horas mientras que los griegos le entraron con 2120. Los mexicanos superamos a Estados Unidos y Canadá, no se diga a Holanda, Noruega y Francia que son los que menos horas trabajan al año.

De lo anterior se puede deducir sin mucho esfuerzo que la pobreza y la riqueza en este mundo son dos caras de la misma moneda. Un mexicano promedio gana poco porque un canadiense gana mucho. Dicho de otro modo, los trabajadores pobres transfieren trabajo acumulado en forma de riqueza a los trabajadores ricos por lo que estos pueden gozar de un mejor nivel de consumo. Pero este fenómeno no tiene mucho que ver con las horas de trabajo o con la productividad. De hecho, la inversión extranjera obtiene mayores ganancias en países como el nuestro que en sus países de origen, gracias a los bajos salarios que pagan. Y esas ganancias se trasladan a sus casas matrices precisamente para elevar los niveles salariales de sus connacionales.

Así que si se le aparece alguno de estos neófitos de la economía que declara a diestra y siniestra que la solución a los problemas de nuestra economía pasa por promover la cultura del amor al trabajo y toda esa basura, párelo en seco y recuérdele que son los países como el nuestro los que trabajan más y sin embargo ganan menos. Y dígale también que nuestros migrantes que se van a los Estados Unidos no tuvieron que ir a la escuela para saberlo; simplemente se van para allá porque trabajarán lo mismo o menos pero ganarán más que aquí. Si se quedan en México sus ingresos seguirán cayendo y tendrán que trabajar más horas para compensar la pérdida de su poder adquisitivo. Cada vez más, estarán obligados a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir. ¿Qué clase de vida es ésa? ¿Vale la pena vivirla?

La calidad de la democracia y el compadre Gatica

En estos tiempos en los que la democracia representativa sigue perdiendo legitimidad entre la ciudadanía, los académicos y políticos están modificando su discurso para probar nuevas aguas y seguir viviendo del trabajo ajeno. Los primeros, que pregonaron sin cansancio las virtudes de la supuesta transición a la democracia hoy cambian de camiseta y hablan de la calidad de la democracia -dando por sentado que la transición se ha consumado y que la democracia es una realidad que nadie en su sano juicio pondría en duda; mientras que los segundos pregonan las ventajas de la democracia participativa, de la ampliación de la democracia, para poder seguir engatusando a los votantes y mantenerse en el poder.
En efecto, el discurso político de nuestros días procura sobrevivir tratando de voltear a su favor el enorme desprestigio de los procesos electorales, de los congresos y los gobiernos, con la idea de ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la política y la economía de nuestro país. Que mejor ejemplo que la rendición de cuentas y la transparencia -que junto con la calidad de la democracia comienza a cobrar vida en las investigaciones académicas- para demostrar lo anterior. ¿Cuál de nuestros gobernantes y demás fauna se atrevería a negar la importancia de que los gobiernos sean transparentes y rindan cuentas a sus representados? Ninguno.
Sin embargo, a la hora de la hora ninguno de esos adalides de la justicia agarra el toro por los cuernos y mejor se apegan a la opacidad que oculta todas sus corruptelas y transferencias de riqueza a sus patrones y mecenas en sus campañas políticas, los dueños del dinero.
Todo esto viene a cuento por la resistencia encarnizada de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) les exigió que proporcionaron los nombres de las personas que en 2007 se vieron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, por un monto total de 74 mil millones de pesos, así como las razones para gozar de semejante beneficio, se ampararon, alegando que si proporcionaban la información requerida violarían el secreto fiscal, que junto con el secreto bancario, son la clave para seguir beneficiando con dinero público los intereses de unos cuantos .
El jueves pasado les fueron revocados los amparos pero ello no fue obstáculo para que se sigan negando a cumplir con un deber constitucional. El jefe de todos ellos, Felipe Calderón, se hace el occiso, pues resulta evidente que esa cancelación del pago de impuestos benefició a los grupos y ciudadanos poderosos que lo apoyaron en la campaña de 2006 para llegar a la presidencia de la república. Y como dinero mata a cualquier ley, no se diga a cualquier idea de democracia, pues ya vendrá una mejor ocasión para mejorar la ‘calidad’ de la democracia. Mientras tanto, a seguirle como el compadre Gatica, que predica pero no practica.

La crisis en Grecia y los acuerdos entre desiguales

La crisis de la economía griega ha puesto en duda la existencia del euro y el proyecto financiero de la comunidad europea. Como consecuencia de la crisis mundial, Grecia han superado con creces los límites que se establecieron en el tratado de Maastricht en 1992: la deuda pública no debía superar el 60% de su producto interno bruto (PIB) y su déficit fiscal el 3%. Hoy la deuda pública en ése país se calcula en 400 mil millones de euros (115% de su PIB) y su déficit fiscal supera el 12%.

Como consecuencia de la crisis financiera mundial, la recaudación fiscal descendió abruptamente pero no es la única causa. Parece ser que el estado griego no goza de suficiente legitimidad para incentivar a los ciudadanos a pagar sus impuestos; pero además, habría que traer a colación las dificultades de la integración europea, generadas por la enorme disparidad de las economías y los estados que se han integrado al proyecto.

Aquí radica en mi opinión un factor que no ha cambiado mucho desde el surgimiento de la Unión Europea y que, a simple vista, constituye el talón de Aquiles del proyecto, que dicho sea de paso, ha sido puesto como ejemplo para enfrentar un mundo más competitivo. Los que lo han alabado no pueden ser otros que los países fuertes en Europa, como Alemania y Francia, que son los que mejor han aprovechado el contar con mercados libres y fronteras abiertas para inundar con sus productos a los países más débiles, como Grecia.

Al igual que el Tratado de Libre Comercio (TLC), el proyecto de una Europa integrada no puede significar lo mismo para todos. Los acuerdos entre desiguales fomentan la desigualdad, aunque se firmen con la promesa de fomentar el proceso contrario. La economía griega -como la española que está a punto de entrar en la misma dinámica- subsidia a las economías fuertes gracias a las diferencias en estructura productiva, tecnología y costo de la mano de obra. Simplificando el argumento, los países débiles compran caro y venden barato, con lo que no pueden competir con las economías fuertes que salen ganando en un intercambio a todas luces desigual.

Digna de admiración es la respuesta de las y los griegos, que han salido a las calles para oponerse a los draconianos programas de ajuste impuestos a Grecia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ‘rescatar’ su economía. Y digo esto porque en nuestro país, el gobierno federal está aplicando la misma receta y no hemos podido articular una protesta que se oponga a reformas que nos están empobreciendo cada vez más. Ojalá que el ejemplo de desobediencia civil en Grecia nos sirva como ejemplo para evitar que los causantes de la crisis (banqueros, comerciantes y funcionarios públicos) sigan disfrutando de sus riquezas impunemente y además nos digan, en el colmo del cinismo, que es la única manera de salvar a México.

Causas y posibles consecuencias de la ley antiinmigrante en Arizona

La recientemente aprobada ley antiinmigrante en el estado de Arizona no deja lugar a dudas que las consecuencias de la crisis económica mundial y su impacto en los Estados Unidos es real, a pesar de que Wall Street y sus socios griten a los cuatro vientos que la economía se está recuperando. En efecto, la recuperación es real pero sólo para el pequeño grupo de privilegiados que controlan los grandes bancos y las grandes corporaciones; para la mayoría de los estadounidenses las cosas van de mal en peor, por lo que millonarios están diseñando mecanismos que redireccionen la frustración colectiva hacia actores sociales vulnerables, evitando que se les presione para reducir sus ganancias o peor aún, se les encarcele por el uso privado de recursos públicos.

Son precisamente estos privilegiados que sostienen su recuperación gracias a la progresiva pauperización de la población estadounidense y hoy están utilizando los recursos del rescate, facilitados por Obama, para combatir en el congreso las leyes dirigidas a regular mejor sus actividades comerciales. Pero además hace falta el chivo expiatorio que distraiga la atención del pueblo estadounidense y mundial para seguir cometiendo los gigantescos fraudes con los cuales se enriquecen. Y este no puede ser otro que el inmigrante ilegal, particularmente de origen mexicano o centroamericano.

Al igual que el neofascismo en Europa, los ultra conservadores yanquis están impulsando leyes que compensen al ciudadano medio -por la pérdida de su poder adquisitivo, de sus casas y de sus trabajos- exacerbando los sentimientos racistas y discriminatorios, alimentando la idea de su superioridad. Este mecanismo no es nuevo. Se ha utilizado desde hace mucho por las clases dominantes para tapar sus barbaridades; lo hicieron los reyes católicos en España en el siglo XVI, cuando expulsaron a los judíos para ocultar sus problemas financieros; lo hizo Calles en Sonora y Sinaloa en contra de los inmigrantes chinos y japoneses, a principios del siglo XX, para apoderarse de sus negocios y recapitalizar a los dueños de la tierra.

Así las cosas, la ley antiinmigrante sólo es una muestra más de la debacle de la economía estadounidense pero también del poder de los dueños del dinero y de la confusión entre la ciudadanía. Sin embargo, tal vez esta ofensiva en contra de los trabajadores inmigrantes los obligue a organizarse mejor y ampliar su base política, convirtiéndose así en un actor social y político –ya es económico sin duda- consciente de su lugar, de sus objetivos y de la defensa del trabajo. Esta posible consecuencia sería fundamental para contrarrestar el poder del capital y fortalecer a los trabajadores, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Las precandidaturas únicas en Veracruz: impunidad y cinismo.

Las recientes precampañas en el estado de Veracruz confirman el desprecio que su clase política tiene de la democracia, las leyes electorales y sobre todo de la ciudadanía. No conformes con que la deuda pública haya crecido de más de dos mil millones de pesos en 2004 a más de 11 mil millones para el fin del gobierno de Fidel Herrera, nuestros representantes siguen demostrando que la impunidad es su divisa y el cinismo su vocación.

Los espectaculares y demás propaganda política, pagada por el erario público, demostró claramente que las precampañas fueron un fraude, pues no existió en ninguno de los partidos la intención de ofrecer una espacio para la contienda interna, en la cual varios miembros destacados de los institutos políticos pudieran apelar a su militancia para que fuera ésta, la que seleccionara a sus futuros candidatos. Prevaleció la voluntad del ejecutivo estatal y las oligarquías regionales, las cuales no quisieron correr riesgos exponiendo a sus favoritos a una precampaña que pudiera desgastarlos antes de tiempo.

Si bien la idea de evitar que miembros de un mismo partido se sacaron los trapitos al sol parecería ser la razón de las precandidaturas únicas no se puede dejar de pensar que la otra intención, tan importante o más que la primera, fue la de concentrar los recursos de las precampañas en el precandidato único, adelantándose a los tiempos electorales y empezar desde las precampañas.

Seguramente el militante que diseñó la táctica fraudulenta para los partidos debe sentirse muy orgulloso de burlar la ley, sin tener que asumir las consecuencias. Lo interesante es que toda la partidocracia coincidió en pervertir a las precampañas: azules, amarillos y rojos siguieron el mismo camino para maximizar los rendimientos del gasto publicitario concentrándolo en la promoción de una sólo persona.

No sorprende en absoluto el proceder de la clase política y el gobierno de Veracruz. Tampoco me sorprenderá que una vez concluido el proceso electoral, alguno de los candidatos electos beneficiados con la artimaña salga con la brillante idea de reformar la ley electoral para anular la posibilidad de que los partidos políticos que sólo presenten un precandidato a las precampañas gocen del financiamiento público, como ya sucede en otras entidades del país.

Como se ve, la impunidad queda en evidencia pues ningún partido político impugnará el uso fraudulento de los recursos públicos para las precampañas; todos le entraron con ganas. Quedará por definir quién será el cínico o cínica – no quiero discriminar a nadie- que encabezará el proceso de reforma para acabar con las ‘lagunas’ de la ley que hicieron posible el fraude de las precampañas de 2010 en Veracruz. No faltará quién se lo agradezca y lo considere un político con futuro. Mientras tanto la ciudadanía confirmará, una vez más, que los partidos políticos y sus gobernantes traen su propia agenda y que no precisamente coincide con la suya.