El movimiento estudiantil en Chile pone el dedo en la llaga

Una vez más el estudiantado en Chile vuelve a poner en jaque al gobierno. Ya la ex presidenta Michelle Bachelet había tenido que enfrentar las acciones de las y los estudiantes chilenos en 2006, mostrando una cara poco flexible para atender las demandas que giraban, igual que ahora, alrededor de la relación entre el estado y la educación. Con Sebastián Piñeira instalado en la Moneda, la insistencia por parte de las oligarquías chilenas en mantener y profundizar el modelo educativo privatizador ha encontrado oídos atentos y serviles, provocando la digna respuesta de la juventud.

La privatización de la educación en Chile -iniciada por Pinochet gracias al golpe militar en 1973- se rige por la constitución de 1980 que fue aprobada por plebiscito en plena dictadura militar, siendo tan eficaz en la subordinación de la escuela pública a las recetas de los Chicago boys que hoy siete de cada diez estudiantes pertenecen a instituciones privadas de educación superior. El modelo educativo chileno descansa en las manos de los intereses privados con la total anuencia del estado. Las consecuencias son evidentes: mayor desigualdad social y marginación educativa.

Y es precisamente la protesta estudiantil la que pone en tela de juicio dicha política neoliberal, provocando un amplio apoyo y simpatía por parte de la sociedad chilena que al igual que el estudiantado ha visto reducida su calidad de vida y aumentada su dependencia del crédito bancario. Para poder estudiar en un nivel medio superior, la mayoría de los aspirantes en Chile deberán conseguir un financiamiento ya que las posibilidades de ingresar a las instituciones públicas son casi nulas. El resultado es que debido a este mecanismo ganan pocos -bancos y escuelas privadas- y pierden muchos -las los jóvenes que tiene el derecho a aspirar a una vida digna en un mundo cada vez mas despiadadamente competitivo.

Las protestas estudiantiles también tienen un trasfondo más amplio que la decadencia del modelo educativo chileno; me refiero a la propia administración de Piñeira y su estilo gerencial autoritario pero también y sobre todo a la incapacidad de la clase política chilena que no ha podido enterrar políticamente la herencia de Pinochet. El orden legal sigue siendo el de la constitución de 1980, que surgió para organizar los objetivos de una sociedad militarizada y con sus derechos suspendidos. Treinta años después y luego de varios gobiernos elegidos por elecciones –socialistas o demócratas cristianos- las cosas siguen prácticamente igual, acentuándose la desigualdad y la violencia social que genera. Con la llegada de un gobierno de derecha a secas las cosas no podían mejorar y para el movimiento estudiantil fue la oportunidad de articular nuevamente un movimiento social que promueva entre la sociedad civil la necesidad de pensar en su presente y en su futuro, en lo que quiere conservar y lo que habría que descartar.

Los derechos humanos y el fuero militar en México.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia para limitar el alcance del fuero militar en México significa un triunfo enorme para la sociedad civil y las organizaciones civiles encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos pero también de las y los familiares de las víctimas de la violencia militar que tendrán la posibilidad de someter a juicio civil a los miembros de las fuerzas armadas que atropellen los derechos de cualquier ciudadano.

Gracias en buena parte a la insistencia de la familia de Rosendo Radilla -quien desapareció en 1974, luego de ser detenido en un retén militar y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero- para dar con su paradero, las y los mexicanos tendremos el derecho de obligar a los militares a responder en un juzgado civil por delitos cometidos contra civiles, terminando así con una larga etapa de impunidad amparada por el fuero militar.

El caso Radilla resulta paradigmático de la impunidad castrense para realizar desapariciones forzadas en nuestro país sin tener que afrontar ninguna consecuencia jurídica, más allá de las asignadas por la justicia militar. Rosendo Radilla fue un ciudadano ejemplar quien defendió los derechos de sus conciudadanos siendo incluso presidente municipal de Atoyac. Los que lo asesinaron seguramente nunca llegaron a imaginar las consecuencias de sus acciones más de treinta años después. ¿Cuántas víctimas más siguen desaparecidas por la brutalidad del estado mexicano? En todo caso, a partir de ahora será cada vez más difícil desaparecer a ciudadanos críticos de la realidad social; esto no quiere decir que las desapariciones forzadas desaparecerán por arte de magia sino que ahora la ciudadanía contará con la posibilidad de obligar a las fuerzas armadas a someterse a la justicia civil y exponerlas al escrutinio público. Dadas las circunstancias no es poco.

La respuesta de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación confirma su visión del asunto al declarar de manera conjunta que orientarán sus acciones de acuerdo al fallo de los ministros de la Corte, con lo que demuestran su desprecio por las leyes y los derechos de los civiles. El fallo no sugiere que dichas instituciones lo tomen como una orientación sino como una obligación jurídica. Insisten en que la aplicación de la justicia militar es la máxima instancia para mantener el orden castrense. No señores, la máxima instancia es la Constitución Política y los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Resta por incorporar a nuestra Carta Magna el espíritu del fallo, con lo que ahora la bolita está en el Congreso de la Unión, que seguramente será objeto de enormes presiones para desvirtuar el avance jurídico en cuestión. Por esta vez nuestros representantes tendrán que ponerse a trabajar al margen de sus acuerdos privados para avanzar en el combate a un viejo vicio, herencia de la Colonia, que ponía por encima de las leyes comunes a integrantes de grupos de poder como la iglesia y el ejército. Una gran batalla ha sido ganada pero la guerra por la igualdad humana efectiva ante la ley continuará.

¿Cuarenta años más para Laguna Verde?

En una entrega anterior y ante la reciente catástrofe nuclear en Japón, me ocupé de subrayar la necesidad de empezar a pensar en desmantelar los reactores de Laguna Verde, entre otras razones por su antigüedad y por el bajo nivel de producción de electricidad. Además, la tendencia mundial parece ir en contra de seguir arriesgando el medio ambiente y la vida humana para mantener con vida una industria poco confiable y que beneficia sobre todo al lobby nuclear mundial compuesto por unas cuantas corporaciones internacionales, como General Electric.

La primera ministra alemana Angela Maerker y ahora Silvio Berlusconi -obligados por la voluntad popular y la conciencia ecológica de sus gobernados- han iniciado la cuenta regresiva para cerrar los reactores en ambos países y cancelar la construcción de nuevas centrales nucleares. Los japoneses están empezando a articular la presión sobre su gobierno para discutir la viabilidad el desarrollo nuclear en la isla y el llamado a cuentas de los dueños de los reactores de Fukushima, que han ocultado sistemáticamente la verdadera dimensión de la catástrofe, procurando minimizar sus pérdidas trasladando el costo del desastre al ciudadano japonés.

Pues así las cosas habría que deplorar las recientes declaraciones del gerente de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Rafael Fernández de la Garza, quien asegura que seguirán operando los siguientes diez años que quedan del permiso vigente y, por si fuera poco, están preparando la solicitud para que la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia autorice que la planta amplíe sus actividades por… ¡treinta años más! Si, leyó usted bien, si todo sale bien tendremos reactor nuclear -produciendo la miserable cantidad del 5% de la energía eléctrica nacional- para los próximos cuarenta años.

El optimismo del flamante gerente de Laguna Verde se basa seguramente en que, como señala Emilio Fortunato, coordinador del Plan de Emergencia Radiológico Externo para Laguna Verde, la energía nuclear no contribuye al calentamiento global y el costo del uranio se ha mantenido estable, no como el petróleo que sube y sube, además de ser el causante principal de la tragedia ecológica que vivimos. Esto sin mencionar que además, y debido a los supuestos altos niveles de seguridad que goza la planta, se ha convertido casi casi en una atracción circense, aunque con fines didácticos, faltaba más, pues ha sido visitado por más de mil quinientos estudiantes de nivel superior, según la nota de Ángeles Godoy, publica en el portal de alcalorpolítico.com el 16 de junio pasado.

Si algunos países europeos, que poseen mayor experiencia y dependen más de la energía nuclear, han decidido dar marcha atrás en su industria nuclear aquí no sólo se está pensando en seguirle apostando a la catástrofre nuclear (tal vez eso nos convierta en país de primer mundo) estirando la vida útil de un cacharro peligrosísimo sino agárrese, ¡instalar dos reactores más! para aprovechar el espacio: todo cabe en un jarrito…

Parece mentira que en plena decadencia de la industria nuclear generada por la cada vez más fuerte conciencia ciudadana de los altísimos costos de una falla, ya sea inducida por un ser humano o por una contigencia ambiental- nos veamos obligados a leer semejantes declaraciones. Puedo comprender que los declarantes estén pensando en su futuro laboral y en el de todos los que allí trabajan, pero lo que no se puede es ignorar la tendencia mundial en el uso de la energía nuclear y sobre todo su altísimo riesgo, que no se compensa por mucho con los 5 focos de cada cien que en Veracruz utilizan la electricidad producida en Laguna Verde. El argumento técnico basado en que la energía nuclear no contribuye al calentamiento global oculta más bien los problemas que tendremos en las próximas décadas para deshacernos de los desechos que producirá la planta y que no se desvanecen en el aire precisamente. En mi opinión, la energía nuclear simboliza más que ninguna otra la dinámica social contemporánea: consuma hoy y dejemos para después las consecuencias. En todo caso las declaraciones, que bien podrían ser tomadas como amenazas, de los funcionarios de Laguna Verde preocupan y mucho. Habrá que estar atentos.

Palabras invisibles

¿Cómo decir lo que nadie quiere escuchar? ¿Cómo pensar en lo que nadie quiere pensar? ¿Cómo escribir lo que nadie quiere leer? El tamaño de horror es tan grande que nos aplasta día con día, aplasta la confianza en los otros: en nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros representantes. El temor se apodera de nosotros poco a poco, como el cáncer, sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tarde. Y entonces los sueños, los planes, la vida misma se acaba en el absurdo, en la oscuridad provocada por la ambición, el racismo y la discriminación.

Para nadie es un secreto que las guerras se articulan desde arriba, engatusando a los de abajo con grandes ideales y mundos paradisiacos, para que sean ellos los que paguen el precio con su vida, con sus sueños, garantizando así los privilegios de los que llevan la batuta. Sabemos también que las guerras no se ganan solamente con la fuerza de las armas sino sobre todo con la fuerza de las ideas. El convencer a los miembros de una nación de las virtudes de una guerra es el elemento central en la estrategia guerrera. Y para convencer, el miedo que no deja pensar, que obliga a actuar por instinto, resulta ser la táctica perfecta.

Para combatir el miedo, la mayoría de las personas se refugia en el consumismo, en la sensación de alivio que proporciona el comprar algo superfluo que servirá como placebo para seguir viviendo sin mirar el horror, el sufrimiento de miles de personas, la ambición desmedida, el cinismo cotidiano, la mentira sistemática. Incluso para las legiones de desposeídos y marginados, la sola idea de que en cualquier momento podrían acceder a los preciados vidrios y espejitos del mundo comercial tiene un efecto soporífero que permite que la tragedia siga su camino, que la alimenta.

Nunca antes la sentencia atribuida a Porfirio Díaz había tenido la fuerza simbólica que tiene hoy. El tan lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos cobra en estos días una dimensión inimaginable hace apenas una década. Ya ni quien proteste porque México ha sido saqueado por las corporaciones internacionales; por la actitud compulsiva para tomar cursos de inglés, punta de lanza del colonialismo cultural; por la imitación de la forma de vestir y comer, que ha disparado la diabetes y la obesidad, frente a la terrible realidad de servir como espacio de contención de la violencia, de teatro de muerte y sufrimiento para que el decrépito american way of life siga siendo el sueño de millones.

Los optimistas bien guardados atrás de sus riquezas consideran que México debe aprovechar esta crisis para dejar atrás los vicios de nuestra cultura tradicional y subirnos al tren de la modernidad; los pesimistas se empeñan en afirmar que no hay salida, que las cosas son como son y no hay remedio. Lo que queda claro es que lo que está en juego no es sólo el quebrantamiento de nuestra economía, de nuestra cultura, de las instituciones políticas sino de la viabilidad de la nación mexicana como un espacio basado en una identidad colectiva forjada a lo largo de los dos siglos anteriores. Porque la guerra que vivimos no tiene fin, no está planeada para que algún día termine, para que en algún momento un bando la gane o la pierda. Es simplemente una estrategia de control para mantener un orden mundial quebrantado, sin futuro, sostenido por la peregrina idea de que es mejor que el barco se hunda con todos a bordo que cederle a la sociedad en su conjunto la posibilidad de intervenir en los problemas sociales teniendo como eje el bien común. ¿Y quién quiere escuchar eso? ¿Quién quiere pensar en eso? ¿Quién quiere escribir de eso?

La democracia directa y los bienes comunes en Italia

El referéndum celebrado en Italia los días 12 y 13 de junio ha sido un ejemplo de la capacidad de los mecanismos de democracia directa para proteger los bienes comunes de las políticas privatizadoras, impulsadas por los estados nacionales, a favor de los dueños del dinero en el mundo. También ha dejado claro que las y los italianos han cobrado conciencia de la importancia de defender los bienes sociales para detener el deterioro acelerado de su calidad de vida.

Fueron cuatro las cuestiones que integraron el referéndum: la derogación de los procedimientos de adjudicación y gestión de los servicios públicos locales de importancia económica a las empresas privadas; la derogación de la norma que establece que la tarifa del agua esté sujeta a los rendimientos esperados del capital privado; la derogación de una serie de normas que permiten la producción de energía eléctrica nuclear; y la derogación de las normas que impedían que el presidente del Consejo de Ministros y de los ministros a comparecer frente a la justicia penal. El triunfo de Si para todas las cuestiones superó el noventa por ciento de la votación, a pesar de la férrea oposición -con spots incluidos- del gobierno de Berlusconi.

Como se ve, lo que estuvo en juego fue la posibilidad de que los políticos pudieran seguir vendiendo los bienes comunes al mejor postor. Los servicios públicos locales, incluido el servicio de agua potable, así como la posibilidad de un renacimiento de la industria nuclear –que atenta contra el medio ambiente, bien común fundamental- giran alrededor de la premisa de que hay ciertos bienes que deben ser sustraídos del interés privado, de que debe evitarse convertirlos en simples mercancías, sujetas a los vaivenes inducidos de la oferta y la demanda. Pero además, se puso un límite a la impunidad de los políticos, quienes coincidentemente son los principales impulsores de la enajenación de los bienes comunes para lograr jugosas comisiones, por debajo de la mesa, y seguir financiando sus carreras políticas.

La experiencia italiana está estrechamente relacionada con las manifestaciones de hartazgo de la ciudadanía en Grecia, Egipto y España, por mencionar las más destacadas, con respecto a la gestión de la política institucional encabezada por los estados nacionales, los partidos políticos y las corporaciones y organismos internacionales. Demuestra claramente que las personas están sujetas a una enorme explotación -lo que ha debilitado enormemente sus posibilidades de vivir dignamente- por lo que no están dispuestas a seguir esperando a que esas instituciones y la democracia liberal resuelvan el problema.

El apostar a la privatización de los servicios públicos, del agua, del medio ambiente -a través de insistir en la producción de electricidad vía energía nuclear- aparece cada vez más como un suicidio colectivo, como una manera de cancelar el futuro de millones de personas en aras de la racionalidad instrumental o mejor dicho de la racionalidad psicópata, en donde los fines justifican los medios, en donde no importan las consecuencias siempre y cuando se satisfagan los fines.

Los mecanismos de la democracia directa no son ninguna panacea pero pueden servir como espacios de expresión para ampliar la participación política de la ciudadanía y detener la tendencia suicida que parece cada vez más fuerte. Ojalá que lo sucedido en Italia con el referéndum inspire a ciudadanos de otros países a considerar seriamente la posibilidad de participar en la vida política, más allá de las elecciones, para recuperar la dignidad que cada vez más nos niegan desde el poder.

Enterrando el miedo y sembrando justicia.

La Caravana del Consuelo encabezada por Javier Sicilia, Julián Le Barón y el sacerdote Óscar Enríquez representa una de las críticas más precisas contra la guerra de exterminio que inició Calderón para afianzarse en el poder, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. La sencillez del discurso y la estrategia contra el miedo y la impunidad están motivando a las personas a salir a la calle y compartir su dolor.
La movilización pacifista tiene un objetivo muy claro: impedir que se olvide a las víctimas de la barbarie. En medio del caos que nos rodea puede parecer un objetivo simple y limitado -pues aparentemente no ataca el centro de las prácticas guerreristas del gobierno mexicano- pero una mirada más acuciosa y de cara al futuro echa por tierra semejante conclusión.
Abrir un espacio para la denuncia sistemática y organizada de todas las personas que han sido desaparecidas o asesinadas por la guerra civil no me parece un objetivo menor por varias razones. En primer lugar, es evidente que tanto para los narcotraficantes como para las instituciones del estado (presidente, diputados y senadores, gobernadores, partidos políticos y militares) es preferible que los muertos y desaparecidos caigan en el olvido, por distintas razones si usted quiere; los primeros para evadir a la justicia y los segundos para deshacerse de la obligación constitucional que les exige investigar y localizar a los responsables.
En segundo lugar, un ambiente de terror, de miedo, es el escenario perfecto para que los dos bandos en guerra sigan reproduciendo la barbarie con consecuencias manejables a corto plazo. A los narcoemprendedores les conviene que la sociedad tenga miedo pues les permite gozar de un mayor margen de maniobra debido al repliegue ciudadano de los espacios públicos; a los gobernantes, un escenario aterrador les sirve para seguir justificando la militarización del país, en consonancia con los planes de Obama y sus amigos.
Otra razón de peso está directamente relacionada con las posibilidades que la estrategia del consuelo puede tener en el futuro. Las Madres de Mayo -que en su momento se enfrentaron a la dictadura militar argentina sólo con su valor y con su dolor- siguen en pie de lucha y a lo largo de los últimos treinta años se han distinguido por poner en evidencia la impunidad de los culpables de la desaparición de sus hijos y la forma en que las instituciones del estado han cultivado esa impunidad. Han comprendido que los crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no prescriben y con el tiempo cobran una dimensión distinta a la que tienen hoy.
El primer punto del acuerdo ciudadano firmado por Sicilia en ciudad Juárez va precisamente en el sentido de exigir verdad y justicia a las autoridades, sean estas las encabezadas por Calderón o por su sucesor. El gran reto del movimiento es lograr la permanencia en el tiempo de las redes de ciudadanos que buscan justicia. El futuro es de ellos si perseveran. El dolor de la pérdida será el motor de sus acciones y seguramente no desaparecerá de la noche a la mañana. Así las cosas, podría parecer que la Caravana del Consuelo no va a ninguna parte pero el tiempo está de su lado y nada es para siempre, mucho menos la impunidad. Si no me cree pregúnteselo a los militares argentinos golpistas que hoy se encuentran en la cárcel y que se creían dioses en los años setenta.

El caldo y las albóndigas

El proceso de militarización que las autoridades federales han venido impulsando desde el inicio del sexenio empieza a ganar adeptos en los estados, en particular bajo la premisa de que una policía unificada responderá mejor a las demandas de seguridad que la ciudadanía ha venido enarbolando desde hace varios años. Sin embargo, la participación activa de los militares ha provocado un incremento en la violencia, lo que ha disparado el número de muertes, desapariciones forzadas, allanamientos sin orden de cateo y en general en el debilitamiento de las libertades y los derechos civiles.

En este sentido, la desaparición de la policía intermunicipal en la capital de estado de Veracruz parece encaminada a centralizar los mandos policiacos, sometiéndolos a la lógica militar, con el argumento de que son las policías municipales parte del problema de seguridad y no su solución. Nadie ignora que las policías locales son el eslabón más fácilmente controlable por parte del crimen organizado, que las somete y pone a su servicio, convirtiéndolas en un problema más a considerar en las políticas de seguridad.

Sin embargo, desaparecerlas paulatinamente en los municipios del estado, como parece ser la estrategia del gobierno veracruzano, debe ser vista con reserva puesto que lo más probable es que sean sustituidos por militares, que se pondrán el uniforme de policía pero sin contar con los principios de una corporación civil. Su formación militar puede ser muy efectiva para aumentar la capacidad de respuesta al narcotráfico pero al mismo tiempo la ciudadanía tendrá que enfrentar atropellos sistemáticos a sus derechos como consecuencia de que la lógica militar ve a los demás como enemigos y no como conciudadanos.

El caso de Jorge Otilio Cantú Cantú, quien fue asesinado por policías militares en la ciudad de Monterrey es una muestra clara de los problemas que enfrenta una sociedad sin policía civil. El joven Cantú circulaba por una de las principales avenidas de la capital neolonesa cuando fue el blanco de más de cuarenta balazos disparados por ‘policías’ quienes consideraron sospechoso el vehículo en el que transitaba por el simple hecho de ser una camioneta Dodge Ram. Por si fuera poco, los ‘policías’ lo remataron con cuatro tiros en la cara, alteraron la escena del crimen, lo acusaron de ser narcotraficante y le robaron su celular y su cartera. A pesar de toda la evidencia en su contra, en el dictamen de la procuradoría se asentó que “El capitán Reynaldo Camacho refiere que sus tropas repelieron la agresión de un sujeto que iba en una camioneta Ram roja y lo ejecutaron”. (www.jornada.unam.mx/2011/05/29/politica/008n1po) Gracias a los esfuerzos del padre de la víctima se logró que una juez dictara auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado y delitos contra la administración de la justicia pero el propio gobierno del estado de Nuevo León declaró que serían juzgados por la justicia militar.

Este es un caso típico de un asesinato calificado como ‘error de procedimiento’. Es una clara muestra de la forma de pensar de un militar disfrazado de policía, que gozando de impunidad se convierte en ministerio público y juez al mismo tiempo, decidiendo la vida y la muerte de un civil. Pero además en este caso es evidente el sometimiento del poder civil al militar pues no sólo el ministerio público se prestó al juego de manipular el expediente a favor de los asesinos sino que el propio gobierno del estado renunció a juzgarlos de acuerdo a las leyes civiles, cediéndole el privilegio al mando militar.

La renuncia de los poderes civiles a someter al imperio de la ley a los militares en aras de una emergencia nacional me recuerda el dicho popular que dice: salió más caro el caldo que las albóndigas. Militarizar a las policías municipales puede parecer una buena solución a corto plazo –sobre todo para lograr alianzas con el gobierno federal- pero en el mediano y largo plazo se compromete la esencia del estado de derecho: la capacidad del ciudadano para defenderse del poder.