¡Gracias señor cavernal!

La polémica que se ha desatado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor de los derechos de los homosexuales y lesbianas, en particular de la posibilidad de adoptar, demuestra claramente que es necesario seguir defendiendo al estado laico en contra de una corporación que ha pesar del enorme desprestigio que ha cosechado en los últimos años, sigue pensando como si estuviéramos en el siglo XIX.

Habrá que agradecer la incontinencia verbal de las figuras más visibles de los católicos mexicanos por reactivar una discusión que palidecía frente a temas de mayor presencia en la opinión pública, como el inicio de la carrera por la presidencia en 2012 o el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno federal. Las intenciones de la derecha política y el alto clero para regresarnos a los tiempos de la inquisición -materializadas en el surgimiento de leyes estatales para criminalizar el aborto en varios estados de la república, entre ellos el de Veracruz- no parecían escandalizar a nadie ni alentar la defensa del estado laico.

Tal vez por ello, el cavernal que gobierna Jalisco, Juan Sandoval Íniguez, pensó que podría decir lo que fuera sin que pasara nada. Sin embargo, sus acusaciones en contra del jefe de gobierno de la ciudad de México y de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que votaron a favor de la adopción de los matrimonios gay, le rebotó con fuerza inesperada, mostrándolo frente a la sociedad mexicana como símbolo de un poder caduco y que tradicionalmente a gozado de amplios márgenes de impunidad.

Síntoma de desesperación e impotencia, las acusaciones demuestran que la iglesia católica se niega a reconocer que, a pesar de contar con el apoyo de Calderón y de varios gobernadores del país, su imagen frente a la sociedad va en declive como consecuencia de los escándalos en que se ha visto envuelta por la continua violación de los derechos humanos de miembros y seguidores, menores y mayores de edad.

No es casual que el cavernal en cuestión critique sin ambages la posición de grupos de defensores de los derechos humanos en nuestro país, a los que considera parte de una conjura internacional para acabar con los valores religiosos que usufructa. Al catalogar a los derechos humanos como una farsa, olvida que en países como Chile, la iglesia católica defendió a las víctimas de la dictadura pinochetista, amparándose precisamente en la idea de que el ser humano posee derechos que están por encima de cualquier ideología o creencia religiosa.

Nunca pensé en agradecerle a un alto miembro del clero mexicano por incentivar la discusión de un tema central de nuestra sociedad. Gracias a su soberbia estamos frente a la posibilidad de ponerlos a discusión entre toda la ciudadanía y revitalizar los valores laicos. Eso es lo que hace falta en estos días en los que con desfiles militares y paseos de osamentas de dudoso origen, se pretende ocultar que la polarización social que prevalecía en la independencia y la revolución sigue más viva que nunca. Por todo eso, no me queda más remedio que decir: ¡Gracias señor cavernal!

Consumo de drogas y responsabilidad social

La discusión en la opinión pública con respecto a la legalización del consumo de las drogas se mueve entre dos extremos: por un lado, la visión que asegura que todo el mundo se va a volver adicto; por el otro, la visión que la ve como la llave mágica para resolver el problema de seguridad pública. Las dos parten de ideas equivocadas, pues es falso pensar que los ciudadanos son menores de edad como también es falso pensar que las calles volverán a ser seguras gracias a la reducción del tráfico ilegal.

La escalada de violencia que ha vivido el país en los últimos tres años ha generado una enorme angustia social así como una reducción de la capacidad del estado para gobernar. Es en este contexto que surge la discusión sobre la legalización de las drogas, mas como una manera de enviar un mensaje a la ciudadanía para decirle que el estado está abierto a propuestas para mejorar la seguridad pública que como una verdadera solución al problema.

Los crecientes niveles de inseguridad y violencia forman parte de un problema complejo y por lo tanto debe ser atendido desde varios flancos: disminución de la pobreza y la marginalidad, caldo de cultivo perfecto para mantener una guerra civil; reestructuración de la procuración de justicia y de las fuerzas de seguridad, instituciones que hoy no parecen ser la solución al problema sino parte de él; fin del secreto bancario, que hace cómplice del narcotráfico a todo el sistema el financiero; cooperación internacional efectiva para establecer políticas coordinadas en todo el mundo.

Por su parte, la liberalización de las drogas no sólo forma parte del problema de seguridad sino también del de salud pública. El costo social derivado del consumo indiscriminado es enorme, no sólo porque mantiene a la alza un mercado ilegal sino porque acelera la descomposición del tejido social y familiar así como la salud de los individuos. Reconocer lo anterior implica asumir que el problema de las drogas no puede ser responsabilidad sólo del individuo que las consume sino de la sociedad en su conjunto.

Por todo lo anterior, en lugar de satanizarla o ponerlo como la panacea, la liberalización de las drogas debe ser discutida por la sociedad en su conjunto y no sólo por líderes de opinión o funcionarios públicos desesperados por encontrar una salida fácil y mejorar su imagen pública. No hay que olvidar que existen antecedentes de liberalización en otros países del mundo y que la tendencia dominante parece apuntar a una progresiva regulación del consumo. Después de todo es un negocio, como el alcohol o el tabaco y por lo mismo, tarde o temprano será legalizado. ¿O será que conviene dejarlo en la ilegalidad para mantener las altas ganancias que benefician tanto a sectores del estado como del mercado y una guerra para legitimar un gobierno débil y sin rumbo?

Los toros y la democracia directa

La reciente ley aprobada en el Parlamento catalán que prohíbe las corridas de toros a partir del 2012 surgió de una iniciativa popular promovida por el grupo ciudadano Prou! (Basta) y fue respaldada por más de 180 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas catalanas. Este hecho me parece una muestra contundente del poder de la democracia directa y de sus posibilidades para vigorizar a la política y a la democracia.

El proceso por medio del cual la sociedad catalana ha decidido acabar con una tradición -que para muchos define de manera inequívoca la identidad de España y su población- ha generado una interesante discusión con respecto a la pertinencia de un rasgo cultural. El diputado del Partido Popular, Rafael Luna, sostiene que detrás del resultado de la votación existe un sentimiento antiespañol y además afirma sin miramientos que los animales no “tienen derechos individuales” (sic).

Más allá de las diversas posturas que se puedan adoptar frente a esta polémica el proceso en sí revela la capacidad de una comunidad política por mirarse a sí misma, interviniendo directamente en los asuntos culturales y políticos que considera importantes. El hecho de que todo haya empezado con una iniciativa popular demuestra la importancia y las posibilidades de la democracia directa como mecanismo de participación ciudadana.

La comunidad catalana asumió la responsabilidad de enfrentar el cambio social poniendo en cuestión las tradiciones, que no necesariamente son intocables y sagradas. Este gesto nos habla de una sociedad en movimiento, dinámica y responsable. Si bien es cierto que no todos los catalanes comparten la idea de acabar con las corridas, es evidente que en cualquier parte del mundo las leyes no necesariamente gozan de unanimidad.

Así las cosas, el triunfo de la comunidad catalana es doble: por un lado inaugura en Cataluña un mecanismo de democracia directa con éxito; por el otro, demuestra que la ciudadanía puede y debe participar en la definición de su presente y su futuro, limitando el papel de las burocracias partidistas y de los gobiernos para administrar el cambio social. Ojalá que el ejemplo sirva para que los ciudadanos de otros países tomen conciencia de su capacidad para cambiar sus condiciones de vida. De otro modo seguiremos supeditados a las necesidades de unos cuantos, que enarbolando la idea del interés general seguirán imponiendo sus intereses en contra de la sociedad en su conjunto.

La ley SB1070 y el fin de la hegemonía estadounidense

Todo parece indicar que mientras usted está leyendo estas líneas, la ley SB1070 -promulgada en Arizona para legalizar las detenciones de personas por el simple hecho de ser diferentes- empezará a ser ejecutada a pesar de la enorme polémica que ha desatado en los Estados Unidos. Las causas se relacionan directamente con la crisis económica, política y cultural por la que atraviesan; las consecuencias más probables serían el surgimiento de leyes similares en otros estados y el debilitamiento de las libertades civiles en aras de la eficiencia económica.

En un principio, la política migratoria de los Estados Unidos se concentró en aumentar la población para poder impulsar el desarrollo económico y explotar las enormes riquezas de su extenso territorio. A lo largo del siglo XIX, multitudes provenientes principalmente de Italia e Irlanda inyectaron gran vitalidad a las actividades económicas y las ganancias de los grandes capitales. Pero además enriquecieron la cultura estadounidense, al grado de que para muchos la película “El Padrino” de Coppola representa fielmente el espíritu americano, la apología del hombre que se hace a sí mismo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtieron en la potencia hegemónica mundial y el crecimiento de su economía impulsó la necesidad de continuar la política migratoria para sostener el crecimiento espectacular de la producción y el consumo. No fue sino hasta el ataque a las torres gemelas en 2001 que la percepción del americano medio con respecto a la inmigración cambió sensiblemente y los argumentos de grupos racistas y fundamentalistas tomaron fuerza. Se estableció la distinción entre migración legal e ilegal, identificando a la última como la causa de todas las desgracias.

La inmigración ilegal se definió súbitamente como un problema por el aumento del desempleo, la violencia criminal y los cambios culturales que rompían con ‘tradiciones’ americanas, sean estas las que usted quiera. Pero en el fondo, el detonador de esta tendencia excluyente radica en la progresiva decadencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica y la enorme frustración de sus habitantes WASP (White, anglo-saxon, protestant) ante el fin de la época de oro. Frente a semejante realidad, buscan un chivo expiatorio que cargue con la responsabilidad del fin del sueño americano. No se trata de buscar quien la debe sino quien la pague. Y los mexicanos cumplen con creces con el perfil. Por lo tanto, la ley SB1070 no es un signo de fortaleza de las instituciones y del pueblo estadounidense sino de su debilidad, síntoma de su impotencia por la pérdida de su posición hegemónica en el mundo y de la negación de los valores que los pusieron en esa posición.

Los tatuajes y la política

La paulatina pérdida del control de nuestras vidas cotidianas junto con la incapacidad de los estados nacionales para resolver problemas -como el caso del derrame petrolero en el Golfo de México o el crecimiento de la inseguridad- son las principales razones para comprender el estado de histeria colectiva en que estamos inmersos.

El miedo tiene como fruto la rabia, la reacción irracional, el rompimiento del delicado tejido social que mantiene unida a una comunidad. Cada quien se encierra en su espacio privado y mira con desconfianza al otro, acusándolo de todos los males y las calamidades que azotan su vida. Es en ése contexto en donde las salidas autoritarias y de corte fascista se fortalecen y se presentan como la única opción viable. No importa que sea a costa de las libertades propias y de la posibilidad de una vida digna para todos.

La aparición de milicias de patriotas que patrullan la frontera de México con los Estados Unidos para impedir el paso de los migrantes, las leyes en España para impedir la construcción de mezquitas o en Francia para el uso de la burka -prenda tradicional de las mujeres musulmanas- no son más que algunos ejemplos de las acciones motivadas por el miedo.

La sociedad mexicana no está exenta de manifestaciones semejantes. El ejemplo más reciente es cortesía de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Luz María Ramírez Villalpando, quien declaró frente a un grupo de panistas que las mujeres que usan tatuajes o perforaciones (piercings) carecen de valores y debería impedírseles el acceso a la educación o al trabajo. Me imagino que pensó que tampoco tenían derecho a vivir, pero algo en su interior le dijo que eso le podía costar la chamba y se mordió la lengua.

Este tipo de manifestaciones, histéricas sin lugar a dudas, seguirán apareciendo en nuestro país y seguramente subirán de tono. Forman parte de una tendencia de la derecha política mexicana para aumentar su presencia en los gobiernos del país. Basada en la certeza de que frente al debilitamiento de los valores tradicionales la sociedad debe volver a los tiempos de la inquisición, apuesta a usufructuar con el miedo colectivo para favorecer sus intereses. Lograrán sus objetivos si los dejamos, si nos dejamos dominar por el miedo. En todo caso, si usted está pensando en hacerse un tatuaje, piense que no sólo le servirá como objeto decorativo sino que además será un manifiesto político.

¿Una nueva etapa política en Cuba?

La reciente liberación de 52 presos políticos en Cuba parece abrir una nueva etapa en la historia de la isla. El costo político de mantenerlos encarcelados no paró de crecer, poniendo incluso en riesgo las inversiones extranjeras y por ende el frágil equilibrio económico de la isla. La mediación del canciller español Miguel Ángel Moratinos y de un alto funcionario del Vaticano probó su eficacia, pero sobre todo demostró que el gobierno cubano apuesta por salvar su economía a costa de flexibilizar su control político interno.

No por ello se debe ver el gesto como algo menor. Incluso los opositores al régimen como Héctor Palacios, uno de los más conocidos no duda en afirmar -en una entrevista al diario español El País -que la liberación de los presos políticos constituye “Es el avance más serio que ha dado el gobierno (cubano) en los últimos 50 años en busca de una concordia nacional, y puede abrir una nueva etapa”

Palacios forma parte del grupo de detenidos en el 2003 por el gobierno cubano, acusados de servir a intereses de gobiernos extranjeros. Otro conocido miembro de ese grupo fue Orlando Zapata, quien murió el pasado febrero, después de una huelga de hambre de dos meses y medio; al día siguiente, Guillermo Fariñas tomó la estafeta y dio inicio a su propia huelga de hambre, lo que aumentó la atención de la opinión pública internacional sobre el caso.

Si bien los medios coinciden en señalar que los problemas económicos son la causa principal de la liberación, habrá que subrayar el cambio radical que se da en la política cubana con respecto a los presos políticos. Tradicionalmente, las autoridades cubanas rechazaron siempre la existencia de presos de conciencia con el argumento de que eran presos comunes. La liberación debe ser analizada entonces como un cambio radical en el manejo del tema, que incluso puede abrir la puerta a otras acciones que resten rigidez al sistema político cubano.

La prensa internacional ha echado las campanas al vuelo interpretando el hecho como un síntoma de debilidad por parte de Raúl Castro, del principio del fin del régimen socialista. Más allá de semejantes especulaciones, no está de más recordar que buena parte de los países del G20, por ejemplo, mantienen a personas detenidas por sus ideas políticas y nadie parece darle importancia. La reciente liberación de los detenidos por el caso Atenco demuestra que es práctica común y corriente encarcelar a ciudadanos para impedirles el goce de sus derechos, como el de manifestación o libre asociación.

Así que a todos aquéllos que celebran la liberación de los presos políticos en Cuba habrá que pedirles que no olviden a todos los que siguen presos por sus ideas, estén donde estén.

La soberanía alimentaria

La práctica de despojar, negarles la posesión a otros, para el enriquecimiento de unos cuantos es una práctica muy antigua. En tiempos de crisis económica la lucha por las ganancias se exacerba, aumentando la tendencia a la desposesión de amplias capas de la población, no sólo de sus casas o tierras, sino de su cultura más profunda: la relación con la tierra y el perfeccionamiento milenario de semillas que representan lo más íntimo de la vida humana.

Además de haber sufrido las consecuencias directas del terremoto, Haití fue invadido por varios ejércitos y obligada a recibir donaciones de conocidas multinacionales productoras de semillas transgénicas, listas para invadir y extinguir las variedades locales, más adaptadas al suelo pero, sobre todo, propiedad de los campesinos.

La quema simbólica de una parte de la semilla donada por Monsanto a los campesinos haitianos como ‘ayuda para la reconstrucción’ representa una toma de posición muy clara frente al problema. El líder campesino Chavannes Jean-Baptiste manifestó que "Las semillas representan una suerte de derecho a la vida,… es por eso que hoy tenemos un problema con Monsanto y con todas las multinacionales que venden semillas. El agua y las semillas son patrimonio común de la humanidad… Defendemos las semillas nativas y los derechos de los campesinos a su tierra “¹

La siembra de transgénicos profundiza la dependencia al desposeer a cientos de miles de pequeños agricultores o condenándolos a sembrar semillas que están patentadas por las compañías. En México el problema crece día con día y las perspectivas no son nada alentadoras. Poner en manos de las transnacionales la alimentación de toda una nación no parece muy sensato. Parece, más bien, un gran negocio para algunos a costa de las generaciones futuras.

En este contexto, las acciones de los campesinos haitianos ponen en el centro de la discusión la posibilidad de mantener la autonomía como seres humanos, la posibilidad de vivir una vida con dignidad. Son una clara manifestación de los problemas que enfrentamos hoy por la voracidad de intereses privados. La pérdida de los bienes públicos, como la tierra, el agua y las semillas, le impedirán a cualquier sociedad ofrecer una vida digna a sus integrantes. Y eso nos incluye a usted y a mí.

[1] http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=95725