La CIDH falla contra el estado mexicano

La espiral de violencia en las fronteras de nuestro país parece no tener fin, demostrando día con día que las autoridades han sido rebasadas, a pesar de las enormes cantidades de dinero que invierten en combatir al crimen organizado. Los feminicidios en Cd. Juárez están en el corazón de dicha espiral. Además de ser parte de la cada vez más abultada lista de asesinatos con violencia en dicha ciudad, han puesto en evidencia, una y otra vez, la misoginia de los cuerpos policiacos y de procuración de justicia pero sobre todo su ineficacia calculada, su desprecio burlón. Recordemos que el actual procurador general de la república fue procurador del estado de Chihuahua, donde se le recuerda por recomendar a las jovencitas juarenses inscribirse en cursos de defensa personal.

En este sentido, el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 10 de diciembre, con respecto a los tres casos de mujeres encontradas sin vida en Campo Algodonero, colonia de la ciudad fronteriza, es un hecho histórico, pues nunca antes se había logrado una condena a los feminicidios de Juárez. Pero además, el fallo estipula que "El Estado deberá, dentro de un plazo razonable, investigar, por intermedio de las instituciones públicas competentes, a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicará las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables" La CIDH realizará un seguimiento de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para evaluarlas. En caso de que el estado mexicano no responda satisfactoriamente, la CIDH informará a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que sea ella la encargada de presionar a las autoridades mexicanas para cumplir la sentencia.

Después de años y años de negligencia resulta difícil pensar que los asesinatos de mujeres se terminarán gracias al fallo de la CIDH. Hará falta la movilización de la sociedad civil –algo que parece tomar impulso en Juárez- y la transformación radical de las políticas de seguridad de Calderón para hacer frente al problema. Las condenas de organismos internacionales pueden ayudar, de eso no cabe duda, pero habrá que pensar que mientras la población en su conjunto se mantenga al margen de las políticas de seguridad, o peor aún, sea vista como sospechosa por parte de las fuerzas de seguridad (no encuentro otra explicación para las reiteradas violaciones a los derechos humanos denunciadas en todo el país, por parte de las fuerzas armadas) las cosas van seguir empeorando.

No hay que olvidar que las violaciones a los derechos humanos son las omisiones de las autoridades para garantizar la vida digna de los ciudadanos. Las consecuencias que resultan de esas omisiones degradan la vida cotidiana, rompen con el tejido social y demuestran la debilidad y negligencia de los gobiernos. El terror como forma de vida sólo beneficia a unos cuantos. La falta de protección y de respeto a los derechos humanos nos perjudica a todos.

La alianza conservadora entre el PRI y el PAN y los derechos humanos

La alianza entre el PRI y el PAN demuestra claramente la inclinación del primero por reforzar su poder, aun a costa de ceder en cuestiones antes intocables para los miembros del otrora partidazo. Esto significa la derechización de un partido que, en su afán por seguir haciendo de las suyas, apuesta a la neutralización de la izquierda partidista para darle vida a un bipartidismo conservador que permita que las cosas sigan como están y con la esperanza de volver al gobierno federal.
Esta no es una idea nueva en el PRI. Ya desde el salinato se apostó a una alianza con la derecha política como la única salida para enfrentar a la alianza entre el cardenismo y la izquierda partidista, la cual supuestamente ponía en riesgo el desarrollo dependiente de los Estados Unidos y la venta de los bienes públicos nacionales. Fue por eso que Salinas impulsó el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano y una serie de reformas que provocaron su participación abierta en la política.
Las consecuencias del viraje salinista a la derecha -que le abrió la puerta a la iglesia católica para promover su agenda política, sobre todo en cuestiones educativas y en derechos de la mujer- la consolidó como un factor de poder, parapetada atrás del PAN y, desde el 2000, del gobierno federal. Gracias a ellos pero también del PRI, la sucursal del Vaticano en México ha podido revertir derechos fundamentales en buena parte del país. En Yucatán, Sonora, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Durango, Colima, Chihuahua. Campeche, Quintana Roo y Veracruz fueron las bancadas priístas las que impulsaron las leyes antiaborto, mientras que en San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Baja California fueron los panistas, con ayuda del PRI.
El caso veracruzano se distingue por las declaraciones de los actores que impulsaron la reforma. El obispado local, a través de sus voceros, declaró que ellos no tenían nada que ver en el asunto y peor aún, que fue el mismísimo padre celestial el que se apersonó en el Congreso, logrando influir en las almas desesperadas de los diputados. Por su parte, el gobernador pretendió quedar bien con tirios y troyanos (¿otra vez?) dejando sin efecto las penas de cárcel contra las mujeres para aplicárselas a los médicos que realizaran abortos. Sin embargo, sigue declarando que hay que proteger la vida desde la concepción y envió una propuesta de reforma constitucional para que semejante disparate sea parte nuestra Carta Magna. Y para no quedarse atrás en las puntadas declaró que la reforma antiaborto tiene como fin último proteger a la mujer. Pero le faltó decir que esa protección es contra sí misma. ¡Pobres mujeres que no saben lo que hacen!

De estudiantes y de camiones

El reciente conflicto por el aumento del precio del pasaje en Veracruz fue resuelto, en buena medida, por la movilización estudiantil que llamó la atención de la sociedad civil y los medios de comunicación sobre su pertinencia, en momentos en que las condiciones sociales exigen salidas que eviten la pauperización de la población. El aumento al transporte afecta a toda la actividad económica, y su impacto es demoledor entre las personas con menos recursos, pues deberán reducir su gasto en otros rubros para poder hacerle frente.
Para los estudiantes el aumento fue de un cincuenta por ciento (de cuatro a seis pesos) mientras que para el resto de los usuarios fue cercano al quince por ciento (de 6 a 7 pesos). Esta disparidad pretendía no afectar demasiado a la ciudadanía sino cargarles a los estudiantes la mayor parte del aumento total. La respuesta fue casi inmediata y se concretó el 23 de noviembre con el plantón de Plaza Lerdo así como con la organización de varios bloqueos en cruces importantes de la capital del estado.
El ambiente festivo de la manifestación que llegó al centro de la ciudad por Enríquez, las tomas pacíficas de camiones y los bloqueos, lograron incluso motivar simpatía y gestos de apoyo entre los transeúntes, amas de casa y población en general aunque también de desaprobación por parte de automovilistas desesperados. Todo esto puede constatarse gracias a videos disponibles en internet. www.enlacecordoba.com/videos.html?task=viewvideo&video_id=112
La capacidad de movilización por parte de los estudiantes es por todos conocida, su vitalidad y frescura han sido siempre factor importante en el incesante flujo del cambio social. Empero, habrá que reconocer que los conflictos entre los empresarios del transporte urbano contribuyeron al fracaso, por el momento, del ajuste de los precios del pasaje urbano como consecuencia del aumento al diesel.
Abonó también a la causa estudiantil la coyuntura política, definida por el proceso electoral en ciernes lo que obliga a los actores políticos centrales a evitar el surgimiento de conflictos que puedan empañar lo. A ello se debió que las autoridades hayan respondido con rapidez. Para redefinir su postura utilizaron el argumento de que había concesionarios que se mantenían operando sin aplicar el aumento. En el proceso de reacomodo de la postura oficial la presión estudiantil fue clave, demostrando una vez más que las y los estudiantes de las universidades públicas de nuestro país son actores fundamentales para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro.
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La revolución ha muerto. ¡Viva la revolución!

Con motivo del noventa y nueve aniversario del inicio de la revolución mexicana, han aparecido una buena cantidad de artículos de opinión y ensayos que, en su inmensa mayoría, coinciden en la muerte de la revolución, en la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva con la historia para trazar la ruta del presente y del futuro de México. Así, intelectuales adinerados y políticos socialdemócratas, gobernantes panistas y líderes de opinión, no ocultan una cierta satisfacción cuando tocan el tema.
Llama la atención que en la argumentación utilizada por los que pretenden enterrarla sin dejar huella se relacione su herencia directamente con la problemática actual -económica, política social y cultural. Los monopolios privados y públicos, la corrupción y el tráfico de influencias, la partidocracia ajena a las demandas de las mayorías y todos los males que se nos ocurran son el legado de la revolución por lo que resulta necesario acabar con el cultivo de su memoria.
Más allá de que la historia ha demostrado una y otra vez, en distintas partes del mundo, que no es posible para ninguna sociedad desaparecer de un plumazo su pasado y que intentarlo provoca males peores de los que se quieren evitar, el problema aquí reside en lo útil que resulta la muerte de la revolución para la derecha política y los intereses de los dueños de dinero.
Ello es así porque esta supuesta muerte de la revolución, además de mutilar o reinterpretar la historia para conveniencia de los poderosos tiene la finalidad real de difundir entre la población la idea de que hacer revoluciones no sirve para nada; de que rebelarse frente a las paupérrimas condiciones de vida de manera autónoma no cambia nada. Y es ahí en donde reside el secreto de ésta unanimidad de la opinión pública con respecto a la muerte de la revolución.
Es por eso que no se realiza un balance crítico de revolución, procurando distinguir entre lo que hay que desechar pero sobre todo de lo que hay que preservar. ¿Quién podría negar que los derechos sociales fueron y siguen siendo producto de la lucha social y una muestra positiva de la herencia revolucionaria? Claro, sólo lo hacen los que desde el poder se encargan hoy de desmantelar esos derechos: la educación, la salud y el trabajo. Son esos y sus corifeos los que quieren borrar de la memoria colectiva la gesta revolucionaria pensando que así neutralizarían el descontento social que nos rodea, para continuar viviendo a costa del trabajo ajeno. Para su desgracia la memoria colectiva no se borra con spots y ríos de tinta. Dichosos los pueblos que no han olvidado cómo rebelarse. Y México es uno de ellos. La revolución ha muerto. ¡Viva la revolución!

La clave de la política fiscal en México: no escupir al cielo.

El mantenimiento de los privilegios fiscales para las grandes empresas que operan en nuestro país constituye un factor político a considerar en un contexto de polarización social creciente y desempleo rampante. La discusión en el Congreso con respecto al presupuesto federal ha mostrado algunas diferencias entre las elites políticas y económicas, llevando incluso a que Calderón cometa deslices poco frecuentes entre los gobernantes al acusar a las grandes empresas de no pagar sus impuestos. Sobra decir que al otro día reculó y las cosas quedaron igual.

Para nadie es un secreto que la política fiscal del gobierno mexicano está orientada a promover los regímenes especiales con el argumento de que sólo así se puede atraer la inversión y generar empleos y bienestar. Pero que dichas políticas se exhiban y discutan sin tapujos en la prensa nacional, dadas las circunstancias, no parece recomendable para los dueños del dinero y sus representantes en el seno del estado.

Habrá que recordar que uno de los factores que alentó la revolución francesa en 1789 fue la crisis económica por la que atravesaba Francia y el cinismo de los grupos dominantes, lo cual tuvo enorme repercusión entre las clases medias y bajas, quienes entre otras demandas exigían el cobro de impuestos a la nobleza, que gozaba de una exención del pago de impuestos, a diferencia de la mayoría de los franceses.

El que en nuestro país exista un impuesto sobre la renta para profesionistas y trabajadores cercano a un 30% de sus ingresos mientras que las grandes corporaciones paguen sólo el 1.5% nos demuestra que no hemos avanzado mucho en política fiscal desde el siglo XVIII. Seguimos viviendo en un sistema económico que se sostiene gracias a la sistemática intervención del estado para favorecer a los dueños del dinero.

Me parece que esta exposición de los privilegios fiscales que disfrutan unos cuantos abona en el proceso de politización del malestar social que vivimos. Lo hace porque nos muestra la verdadera naturaleza del estado contemporáneo, su visión y su misión, que no es otra que el mantenimiento de las mejores condiciones para la acumulación de riqueza en pocas manos. En este contexto, que un secretario de estado declare que existe riesgo de un estallido social parece un chiste de mal gusto o más bien una estrategia para fomentar el miedo y seguir como si nada. Pero de reformar la política fiscal y establecer un equilibrio duradero en las finanzas públicas nada. Sería como escupir al cielo, diría cualquier político experimentado.

Pensamiento y acción, dos caras de la misma moneda.

El sentimiento de angustia y desesperación de la población de nuestro país, generado por la debacle económica y las políticas depredadoras de nuestros gobernantes, está convenciendo a mucha gente de la necesidad de intervenir, de salir a la calle para defenderse y sobrevivir. Desde que llegaron los panistas al poder en el año 2000, la máscara del estado, que procuraba ocultar su estrecha relación con los dueños del dinero vía políticas clientelares y corporativas, se ha desvanecido, mostrando su verdadera naturaleza frente a todo el que quiera verla.

En efecto, cuando Vicente Fox inició su sexenio afirmando que su gobierno era de empresarios y para empresarios, amplios sectores de la ciudadanía empezaron a identificar a la maquinaria estatal como el principal aliado del capital garantizándole amplios margen de utilidad a costa de la pauperización de la vida de las mayorías. A lo largo de estos últimos diez años, las acciones gubernamentales, entre las que se distinguen el caso de Atenco, el de Oaxaca y ahora el del SME no dejaron lugar para pensar que Fox estaba bromeando.

En este contexto, uno se pregunta ¿Qué hacer? A riesgo de parecer inocente o iluso propongo simple y sencillamente una cosa: pensar. Como dice Santiago López Petit: “El pensamiento no sirve para luchar, sino que él mismo es lucha.” ¡Cuánta razón tiene el catedrático español! Y es que normalmente se identifica a la acción de pensar como un acto pasivo, a diferencia de la acción material, que es el acto activo por excelencia. ¡Deja de estar pensando y actúa! parece decirnos el sentido común.

Sin embargo, el pensamiento es fundamental, no sólo para darle un sentido a la acción sino una dirección, un objetivo. Así, el pensamiento nos obliga primero a pensar en contra del propio acto de pensar, criticando las ideas dominantes, que nos impiden actuar en libertad; pero también es definir una estrategia, diseñar un horizonte de destino.

Por lo tanto, es necesario incentivar el pensamiento y verlo como la acción por excelencia y no como un acto de cobardía o simple escepticismo. En la medida en que lo hagamos estaremos enfrentándonos a los problemas que nos acosan y de paso seremos más resistentes a la demagogia y el cinismo típico de nuestros gobernantes. Y créanme será tanto o más importante que cualquier acción directa. No en balde los medios de comunicación han cobrado gran importancia en el mantenimiento de la dominación. Su misión radica en bloquear el pensamiento, oscureciendo y manipulando la información.

Termino entonces volviendo a citar a López Petit, quien afirma “No es suficiente afirmar que tenemos que atacar la realidad, debemos dotarnos de las armas y de las estrategias para poder hacerlo.”(http://www.rebelion.org/noticia.php?id=94024)

La ley K, contra los monopolios mediáticos.

Si en los años de la guerra fría los ejércitos latinoamericanos, asesorados o azuzados por el Pentágono, fueron la punta de lanza para la defensa de los intereses oligárquicos en la región, hoy por hoy son los medios de comunicación y los merolicos de los noticiarios televisivos los encargados de ir al frente en la defensa de los poderosos. La tortura física a destacados miembros de la sociedad civil o el toque de queda no han desaparecido como métodos para promover el miedo (véase el caso de Honduras) pero han sido gradualmente sustituidos por la manipulación masiva que las televisoras realizan sobre la población 24 horas al día.

La estrecha relación que guardan los medios, en particular la televisión, con la clase dominante y la política en Latinoamérica y el mundo es inocultable. La llegada al poder político de Collor de Melo en Brasil o la de Berlusconi en Italia demuestran que una de las armas más importantes para imponerse en las elecciones es contar con el favor de los medios de comunicación. Aquí en México, las elecciones del 2006 demostraron que la tendencia a que los medios sean un actor político central e incluso inclinen la balanza a favor de tal o cual candidato fue más que evidente.

En ese sentido, la ley de medios que ha sido aprobada recientemente en Argentina me parece una reacción positiva al crecimiento perverso del poder mediático en nuestras sociedades. Y además lógica; si lo que se procura en la democracia es proteger a las minorías de la aplastante mayoría, habrá que darles voz a esos grupos vulnerables para hacerse escuchar y defender sus intereses.

El que la ley K -como ha sido llamada en alusión a la presidenta Kirtchner- divida el espectro radioeléctrico en tres áreas, la pública, la privada, la social, y limite la cantidad de concesiones que puede tener cualquier persona o grupo empresarial para evitar la concentración de medios y de poder, no es más que el reconocimiento de la necesidad de acotar la tendencia a la monopolización de los medios masivos de comunicación.

Lamentablemente en México vamos al revés. En lugar de abrir el espacio radioeléctrico, el gobierno federal se empeña en mantener los monopolios a cambio de que promuevan sus objetivos personales. Al mismo tiempo ataca sin miramientos a las radios comunitarias y cualquier grupo que tenga la intención de limitar al duopolio mediático.

En todo caso la ley K representa una acción importante para reflexionar acerca de los medios de comunicación que queremos y que necesitamos. Su concentración atenta contra la paz social, pues acalla la diversidad social e impone la visión de los fuertes, agravando el malestar social y desigualdad. Las y los argentinos ya empezaron a caminar en dirección opuesta. Y nosotros, ¿hasta cuándo?