¿Quién manda en Estados Unidos?

Hace ya algunas décadas le pregunté cándidamente a un ciudadano estadounidense que
quien mandaba en su país no dudó en responderme ipso facto: el poder económico. Por
aquellos años empezaba a descubrir las irregularidades, por llamarlas de alguna manera,
de la teoría política liberal que afirma contra viento y marea que es el estado el máximo
dirigente de las sociedades modernas, al que se subordinan los intereses privados en aras
del desarrollo de una sociedad más justa, igualitaria y bla bla bla.
Los recientes conflictos entre el congreso y el presidente Obama por la solicitud
del “hombre más poderoso del mundo” de elevar el techo de la deuda para mantener la
economía a flote no deja lugar a dudas acerca de quien manda en los Estados Unidos,
confirmando la respuesta que me había dado mi amigo yanqui. Por más que pinte
escenarios catastróficos para su país, el primer presidente negro tendrá que aceptar la
negativa de la mayoría de los congresistas y de paso remar contra la corriente en sus
aspiraciones reeleccionistas.
Todo parece indicar que los conservadores tienen ganada la partida, en buena parte gracias
a la negativa de Obama, a principios de año, para aumentar los impuestos a los superricos -
como la familia Bush- y apostar en cambio a seguir aumentando la deuda para mejorar la
economía nacional. Peor aún, los conservadores han logrado convencer a la opinión pública
de que los problemas económicos son consecuencia directa del despilfarro del gobierno y
no, como señalan los hechos, por el cinismo y corrupción de los dueños del dinero, que se
dedicaron a especular sin límites, causando el desastre financiero desatado desde 2008.
Lo anterior tiene consecuencias políticas y económicas evidentes. Por un lado la depresión
se profundizará pues el gobierno recortará los gastos sociales, sobre todo en salud y
educación, reduciendo aun más el poder adquisitivo de los trabajadores que han podido
evitar el desempleo al alza; pero además y como consecuencia de la profundización de
la depresión, Obama tiene los días contados en la Casa Blanca pues tendrá que pagar los
costos políticos de la contracción del gasto público.
Dudo mucho que su equipo de asesores no haya concebido el escenario que hoy enfrentan.
Entonces ¿Por qué Obama no aumentó los impuestos para fortalecer las finanzas públicas
en lugar de poner su futuro político en manos de los conservadores? Porqué donde manda
capitán no manda marinero. Y eso aplica también para nuestro país, donde el aumento
de la deuda pública de la federación, pero también de los estados, sigue aumentando
geométricamente sin que se vislumbre la posibilidad de fortalecer la recaudación fiscal,
cobrándoles impuestos a los grandes empresarios, para contar con más recursos pues los
que mandan aquí son los mismos que mandan allá. La idea de que el estado no es más
que “… el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”
es hoy más cierta que nunca.

El movimiento estudiantil en Chile pone el dedo en la llaga

Una vez más el estudiantado en Chile vuelve a poner en jaque al gobierno. Ya la ex presidenta Michelle Bachelet había tenido que enfrentar las acciones de las y los estudiantes chilenos en 2006, mostrando una cara poco flexible para atender las demandas que giraban, igual que ahora, alrededor de la relación entre el estado y la educación. Con Sebastián Piñeira instalado en la Moneda, la insistencia por parte de las oligarquías chilenas en mantener y profundizar el modelo educativo privatizador ha encontrado oídos atentos y serviles, provocando la digna respuesta de la juventud.

La privatización de la educación en Chile -iniciada por Pinochet gracias al golpe militar en 1973- se rige por la constitución de 1980 que fue aprobada por plebiscito en plena dictadura militar, siendo tan eficaz en la subordinación de la escuela pública a las recetas de los Chicago boys que hoy siete de cada diez estudiantes pertenecen a instituciones privadas de educación superior. El modelo educativo chileno descansa en las manos de los intereses privados con la total anuencia del estado. Las consecuencias son evidentes: mayor desigualdad social y marginación educativa.

Y es precisamente la protesta estudiantil la que pone en tela de juicio dicha política neoliberal, provocando un amplio apoyo y simpatía por parte de la sociedad chilena que al igual que el estudiantado ha visto reducida su calidad de vida y aumentada su dependencia del crédito bancario. Para poder estudiar en un nivel medio superior, la mayoría de los aspirantes en Chile deberán conseguir un financiamiento ya que las posibilidades de ingresar a las instituciones públicas son casi nulas. El resultado es que debido a este mecanismo ganan pocos -bancos y escuelas privadas- y pierden muchos -las los jóvenes que tiene el derecho a aspirar a una vida digna en un mundo cada vez mas despiadadamente competitivo.

Las protestas estudiantiles también tienen un trasfondo más amplio que la decadencia del modelo educativo chileno; me refiero a la propia administración de Piñeira y su estilo gerencial autoritario pero también y sobre todo a la incapacidad de la clase política chilena que no ha podido enterrar políticamente la herencia de Pinochet. El orden legal sigue siendo el de la constitución de 1980, que surgió para organizar los objetivos de una sociedad militarizada y con sus derechos suspendidos. Treinta años después y luego de varios gobiernos elegidos por elecciones –socialistas o demócratas cristianos- las cosas siguen prácticamente igual, acentuándose la desigualdad y la violencia social que genera. Con la llegada de un gobierno de derecha a secas las cosas no podían mejorar y para el movimiento estudiantil fue la oportunidad de articular nuevamente un movimiento social que promueva entre la sociedad civil la necesidad de pensar en su presente y en su futuro, en lo que quiere conservar y lo que habría que descartar.

Los derechos humanos y el fuero militar en México.

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia para limitar el alcance del fuero militar en México significa un triunfo enorme para la sociedad civil y las organizaciones civiles encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos pero también de las y los familiares de las víctimas de la violencia militar que tendrán la posibilidad de someter a juicio civil a los miembros de las fuerzas armadas que atropellen los derechos de cualquier ciudadano.

Gracias en buena parte a la insistencia de la familia de Rosendo Radilla -quien desapareció en 1974, luego de ser detenido en un retén militar y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero- para dar con su paradero, las y los mexicanos tendremos el derecho de obligar a los militares a responder en un juzgado civil por delitos cometidos contra civiles, terminando así con una larga etapa de impunidad amparada por el fuero militar.

El caso Radilla resulta paradigmático de la impunidad castrense para realizar desapariciones forzadas en nuestro país sin tener que afrontar ninguna consecuencia jurídica, más allá de las asignadas por la justicia militar. Rosendo Radilla fue un ciudadano ejemplar quien defendió los derechos de sus conciudadanos siendo incluso presidente municipal de Atoyac. Los que lo asesinaron seguramente nunca llegaron a imaginar las consecuencias de sus acciones más de treinta años después. ¿Cuántas víctimas más siguen desaparecidas por la brutalidad del estado mexicano? En todo caso, a partir de ahora será cada vez más difícil desaparecer a ciudadanos críticos de la realidad social; esto no quiere decir que las desapariciones forzadas desaparecerán por arte de magia sino que ahora la ciudadanía contará con la posibilidad de obligar a las fuerzas armadas a someterse a la justicia civil y exponerlas al escrutinio público. Dadas las circunstancias no es poco.

La respuesta de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación confirma su visión del asunto al declarar de manera conjunta que orientarán sus acciones de acuerdo al fallo de los ministros de la Corte, con lo que demuestran su desprecio por las leyes y los derechos de los civiles. El fallo no sugiere que dichas instituciones lo tomen como una orientación sino como una obligación jurídica. Insisten en que la aplicación de la justicia militar es la máxima instancia para mantener el orden castrense. No señores, la máxima instancia es la Constitución Política y los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Resta por incorporar a nuestra Carta Magna el espíritu del fallo, con lo que ahora la bolita está en el Congreso de la Unión, que seguramente será objeto de enormes presiones para desvirtuar el avance jurídico en cuestión. Por esta vez nuestros representantes tendrán que ponerse a trabajar al margen de sus acuerdos privados para avanzar en el combate a un viejo vicio, herencia de la Colonia, que ponía por encima de las leyes comunes a integrantes de grupos de poder como la iglesia y el ejército. Una gran batalla ha sido ganada pero la guerra por la igualdad humana efectiva ante la ley continuará.

¿Cuarenta años más para Laguna Verde?

En una entrega anterior y ante la reciente catástrofe nuclear en Japón, me ocupé de subrayar la necesidad de empezar a pensar en desmantelar los reactores de Laguna Verde, entre otras razones por su antigüedad y por el bajo nivel de producción de electricidad. Además, la tendencia mundial parece ir en contra de seguir arriesgando el medio ambiente y la vida humana para mantener con vida una industria poco confiable y que beneficia sobre todo al lobby nuclear mundial compuesto por unas cuantas corporaciones internacionales, como General Electric.

La primera ministra alemana Angela Maerker y ahora Silvio Berlusconi -obligados por la voluntad popular y la conciencia ecológica de sus gobernados- han iniciado la cuenta regresiva para cerrar los reactores en ambos países y cancelar la construcción de nuevas centrales nucleares. Los japoneses están empezando a articular la presión sobre su gobierno para discutir la viabilidad el desarrollo nuclear en la isla y el llamado a cuentas de los dueños de los reactores de Fukushima, que han ocultado sistemáticamente la verdadera dimensión de la catástrofe, procurando minimizar sus pérdidas trasladando el costo del desastre al ciudadano japonés.

Pues así las cosas habría que deplorar las recientes declaraciones del gerente de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, Rafael Fernández de la Garza, quien asegura que seguirán operando los siguientes diez años que quedan del permiso vigente y, por si fuera poco, están preparando la solicitud para que la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia autorice que la planta amplíe sus actividades por… ¡treinta años más! Si, leyó usted bien, si todo sale bien tendremos reactor nuclear -produciendo la miserable cantidad del 5% de la energía eléctrica nacional- para los próximos cuarenta años.

El optimismo del flamante gerente de Laguna Verde se basa seguramente en que, como señala Emilio Fortunato, coordinador del Plan de Emergencia Radiológico Externo para Laguna Verde, la energía nuclear no contribuye al calentamiento global y el costo del uranio se ha mantenido estable, no como el petróleo que sube y sube, además de ser el causante principal de la tragedia ecológica que vivimos. Esto sin mencionar que además, y debido a los supuestos altos niveles de seguridad que goza la planta, se ha convertido casi casi en una atracción circense, aunque con fines didácticos, faltaba más, pues ha sido visitado por más de mil quinientos estudiantes de nivel superior, según la nota de Ángeles Godoy, publica en el portal de alcalorpolítico.com el 16 de junio pasado.

Si algunos países europeos, que poseen mayor experiencia y dependen más de la energía nuclear, han decidido dar marcha atrás en su industria nuclear aquí no sólo se está pensando en seguirle apostando a la catástrofre nuclear (tal vez eso nos convierta en país de primer mundo) estirando la vida útil de un cacharro peligrosísimo sino agárrese, ¡instalar dos reactores más! para aprovechar el espacio: todo cabe en un jarrito…

Parece mentira que en plena decadencia de la industria nuclear generada por la cada vez más fuerte conciencia ciudadana de los altísimos costos de una falla, ya sea inducida por un ser humano o por una contigencia ambiental- nos veamos obligados a leer semejantes declaraciones. Puedo comprender que los declarantes estén pensando en su futuro laboral y en el de todos los que allí trabajan, pero lo que no se puede es ignorar la tendencia mundial en el uso de la energía nuclear y sobre todo su altísimo riesgo, que no se compensa por mucho con los 5 focos de cada cien que en Veracruz utilizan la electricidad producida en Laguna Verde. El argumento técnico basado en que la energía nuclear no contribuye al calentamiento global oculta más bien los problemas que tendremos en las próximas décadas para deshacernos de los desechos que producirá la planta y que no se desvanecen en el aire precisamente. En mi opinión, la energía nuclear simboliza más que ninguna otra la dinámica social contemporánea: consuma hoy y dejemos para después las consecuencias. En todo caso las declaraciones, que bien podrían ser tomadas como amenazas, de los funcionarios de Laguna Verde preocupan y mucho. Habrá que estar atentos.