La PGR interviene en el proceso electoral de Quintana Roo

Desde el quince de enero la PGR comenzó a investigar a Greg Sánchez -gracias a una denuncia anónima- y detectó diferencias significativas entre lo que declaró como ingreso y lo que retiró de sus cuentas bancarias. Por esa razón ejerció acción penal en su contra, sacándolo de la contienda electoral en Quintana Roo, con todas las consecuencias del caso pero sobre todo interviniendo de manera directa en el futuro de la representación política del estado.

Muchos se preguntan porque no le impidieron registrarse en los órganos electorales cuando lo solicitó. Se podría exigir más tacto político al jefe del procurador general, pero las circunstancias apuntan más bien al uso discrecional de información para medrar con ella, con la intención de lograr algo más que el cumplimiento estricto de la ley.

Puede que Sánchez se beneficie electoralmente -si puede salir antes del día de la elección- por un voto de castigo hacia el partido del presidente; pero puede que la detención desarticule la campaña, extinguiéndose la posibilidad, no ya de ganar sino de competir. Esas parecen ser las consecuencias más inmediatas del hecho ‘judicial’ pero sobre todo político.

Y esto porque, por una parte utiliza, el argumento de la seguridad nacional para legalizar la intervención -poderoso argumento jurídico en manos del ejecutivo. Involucra al tema del narcotráfico, magnificando el impacto mediático y desactivando a la que parecía ser, hasta la detención de su candidato, una opción política que aspiraba a liderar la futura representación política en Quintana Roo. Difícil labor del vocero de la dependencia, que niega rotundamente el cálculo político en la aplicación de la ley.

Pero también porque el ejecutivo golpea a los órganos y procesos electorales, a los mecanismos de la representación democrática, exponiéndolas frente a la ciudadanía. La acción judicial minimizó las consecuencias de su intervención en las campañas e ignoró sin miramientos los tiempos electorales. Es evidente que la PGR pudo haberle comunicado al órgano electoral sus sospechas de Sánchez. Pero no lo hizo por lo que parece decirnos: lo importante es la aplicación estricta de la ley, no los procedimientos para elegir representantes ciudadanos, los partidos políticos y los votantes.

Por lo tanto, es cierto que el crimen organizado interviene en las elecciones pero eso no quiere decir que la PGR y el presidente de la república ignoren las consecuencias políticas de sus acciones. Si no lo hicieron, entonces tienen el objetivo evidente de modificar la dinámica electoral de Quintana Roo con el pretexto de preservar la seguridad nacional. ¿Quién sigue?

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

Nunca falta alguien que, para rematar una conversación en la cual se comparan las economías de los países que integran este mundo, afirme con gran seguridad que la pobreza de las y los mexicanos está directamente relacionada con nuestro gusto por la pachanga y el relajo. Y acto seguido enumere el amor al trabajo de los alemanes o los japoneses y lo compare con las fiestas, puentes y demás muestras de nuestra aversión a trabajar.

Lo más interesante es que esa actitud demuestra nuestro proverbial masoquismo pero también la abismal ignorancia de los hechos económicos que caracterizan al sistema capitalista por parte del ciudadano común. Dicha actitud es además muy útil para justificar reformas económicas que atentan contra la dignidad de las mayorías. Sin embargo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los mexicanos, y en general los países pobres, son los que más horas trabajan al año, en comparación con los países ricos que tienen mejores ingresos a pesar de trabajar menos horas.

Por ejemplo, en el año 2008 los alemanes, símbolo del amor al trabajo y la disciplina, trabajaron en promedio 1430 horas mientras que los chilenos sudaron por 2095 horas; por su parte, los japonenses trabajaron 1772 horas mientras que los griegos le entraron con 2120. Los mexicanos superamos a Estados Unidos y Canadá, no se diga a Holanda, Noruega y Francia que son los que menos horas trabajan al año.

De lo anterior se puede deducir sin mucho esfuerzo que la pobreza y la riqueza en este mundo son dos caras de la misma moneda. Un mexicano promedio gana poco porque un canadiense gana mucho. Dicho de otro modo, los trabajadores pobres transfieren trabajo acumulado en forma de riqueza a los trabajadores ricos por lo que estos pueden gozar de un mejor nivel de consumo. Pero este fenómeno no tiene mucho que ver con las horas de trabajo o con la productividad. De hecho, la inversión extranjera obtiene mayores ganancias en países como el nuestro que en sus países de origen, gracias a los bajos salarios que pagan. Y esas ganancias se trasladan a sus casas matrices precisamente para elevar los niveles salariales de sus connacionales.

Así que si se le aparece alguno de estos neófitos de la economía que declara a diestra y siniestra que la solución a los problemas de nuestra economía pasa por promover la cultura del amor al trabajo y toda esa basura, párelo en seco y recuérdele que son los países como el nuestro los que trabajan más y sin embargo ganan menos. Y dígale también que nuestros migrantes que se van a los Estados Unidos no tuvieron que ir a la escuela para saberlo; simplemente se van para allá porque trabajarán lo mismo o menos pero ganarán más que aquí. Si se quedan en México sus ingresos seguirán cayendo y tendrán que trabajar más horas para compensar la pérdida de su poder adquisitivo. Cada vez más, estarán obligados a vivir para trabajar y no a trabajar para vivir. ¿Qué clase de vida es ésa? ¿Vale la pena vivirla?

La calidad de la democracia y el compadre Gatica

En estos tiempos en los que la democracia representativa sigue perdiendo legitimidad entre la ciudadanía, los académicos y políticos están modificando su discurso para probar nuevas aguas y seguir viviendo del trabajo ajeno. Los primeros, que pregonaron sin cansancio las virtudes de la supuesta transición a la democracia hoy cambian de camiseta y hablan de la calidad de la democracia -dando por sentado que la transición se ha consumado y que la democracia es una realidad que nadie en su sano juicio pondría en duda; mientras que los segundos pregonan las ventajas de la democracia participativa, de la ampliación de la democracia, para poder seguir engatusando a los votantes y mantenerse en el poder.
En efecto, el discurso político de nuestros días procura sobrevivir tratando de voltear a su favor el enorme desprestigio de los procesos electorales, de los congresos y los gobiernos, con la idea de ampliar la participación de la ciudadanía en las decisiones de la política y la economía de nuestro país. Que mejor ejemplo que la rendición de cuentas y la transparencia -que junto con la calidad de la democracia comienza a cobrar vida en las investigaciones académicas- para demostrar lo anterior. ¿Cuál de nuestros gobernantes y demás fauna se atrevería a negar la importancia de que los gobiernos sean transparentes y rindan cuentas a sus representados? Ninguno.
Sin embargo, a la hora de la hora ninguno de esos adalides de la justicia agarra el toro por los cuernos y mejor se apegan a la opacidad que oculta todas sus corruptelas y transferencias de riqueza a sus patrones y mecenas en sus campañas políticas, los dueños del dinero.
Todo esto viene a cuento por la resistencia encarnizada de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) les exigió que proporcionaron los nombres de las personas que en 2007 se vieron beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales, por un monto total de 74 mil millones de pesos, así como las razones para gozar de semejante beneficio, se ampararon, alegando que si proporcionaban la información requerida violarían el secreto fiscal, que junto con el secreto bancario, son la clave para seguir beneficiando con dinero público los intereses de unos cuantos .
El jueves pasado les fueron revocados los amparos pero ello no fue obstáculo para que se sigan negando a cumplir con un deber constitucional. El jefe de todos ellos, Felipe Calderón, se hace el occiso, pues resulta evidente que esa cancelación del pago de impuestos benefició a los grupos y ciudadanos poderosos que lo apoyaron en la campaña de 2006 para llegar a la presidencia de la república. Y como dinero mata a cualquier ley, no se diga a cualquier idea de democracia, pues ya vendrá una mejor ocasión para mejorar la ‘calidad’ de la democracia. Mientras tanto, a seguirle como el compadre Gatica, que predica pero no practica.

La crisis en Grecia y los acuerdos entre desiguales

La crisis de la economía griega ha puesto en duda la existencia del euro y el proyecto financiero de la comunidad europea. Como consecuencia de la crisis mundial, Grecia han superado con creces los límites que se establecieron en el tratado de Maastricht en 1992: la deuda pública no debía superar el 60% de su producto interno bruto (PIB) y su déficit fiscal el 3%. Hoy la deuda pública en ése país se calcula en 400 mil millones de euros (115% de su PIB) y su déficit fiscal supera el 12%.

Como consecuencia de la crisis financiera mundial, la recaudación fiscal descendió abruptamente pero no es la única causa. Parece ser que el estado griego no goza de suficiente legitimidad para incentivar a los ciudadanos a pagar sus impuestos; pero además, habría que traer a colación las dificultades de la integración europea, generadas por la enorme disparidad de las economías y los estados que se han integrado al proyecto.

Aquí radica en mi opinión un factor que no ha cambiado mucho desde el surgimiento de la Unión Europea y que, a simple vista, constituye el talón de Aquiles del proyecto, que dicho sea de paso, ha sido puesto como ejemplo para enfrentar un mundo más competitivo. Los que lo han alabado no pueden ser otros que los países fuertes en Europa, como Alemania y Francia, que son los que mejor han aprovechado el contar con mercados libres y fronteras abiertas para inundar con sus productos a los países más débiles, como Grecia.

Al igual que el Tratado de Libre Comercio (TLC), el proyecto de una Europa integrada no puede significar lo mismo para todos. Los acuerdos entre desiguales fomentan la desigualdad, aunque se firmen con la promesa de fomentar el proceso contrario. La economía griega -como la española que está a punto de entrar en la misma dinámica- subsidia a las economías fuertes gracias a las diferencias en estructura productiva, tecnología y costo de la mano de obra. Simplificando el argumento, los países débiles compran caro y venden barato, con lo que no pueden competir con las economías fuertes que salen ganando en un intercambio a todas luces desigual.

Digna de admiración es la respuesta de las y los griegos, que han salido a las calles para oponerse a los draconianos programas de ajuste impuestos a Grecia por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ‘rescatar’ su economía. Y digo esto porque en nuestro país, el gobierno federal está aplicando la misma receta y no hemos podido articular una protesta que se oponga a reformas que nos están empobreciendo cada vez más. Ojalá que el ejemplo de desobediencia civil en Grecia nos sirva como ejemplo para evitar que los causantes de la crisis (banqueros, comerciantes y funcionarios públicos) sigan disfrutando de sus riquezas impunemente y además nos digan, en el colmo del cinismo, que es la única manera de salvar a México.